El nuevo plan estratégico que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social estrenó este año «sitúa a las personas en el centro del servicio público». «Cada vez más», cuenta el organismo, se solicita su intervención «para controlar el cumplimiento de la legislación sociolaboral y las normas de protección social». Los datos son elocuentes. Entre 2021 y 2024, las denuncias y comunicaciones se dispararon un 43%. «La Inspección debe dar una respuesta adecuada y útil a esa demanda, velando por el respeto de los derechos laborales y evitando así prácticas que suponen una competencia desleal», subraya . «Por tanto, en su misión de vigilancia y control de la normativa sociolaboral -añade en el relatorio de la nueva hoja de ruta hasta 2027-, la Inspección de Trabajo debe otorgar prioridad a los asuntos que más preocupan a la sociedad, como la estabilidad en el empleo, el tiempo de trabajo o las condiciones salariales».