En la primera reacción, fechada el 5 de marzo de 1993, ante las calladas sin respuesta, pues se habían solicitado el 18 de enero datos de la Expo sobre «contratos realizados por adjudicación directa, si habían o no pasado por Mesa de Contratación, qué circunstancias excepcionales lo habían justificado, si excedían de 1.500.000 pesetas y contenido del preceptivo informe de la Asesoría Jurídica al respecto». Me permití atribuirlo al «afán del Gobierno por rodear del máximo misterio los extremos relativos a la contratación de la Expo-92». Tres meses después, sin haber solicitado prórroga alguna, el Gobierno se limitó a adjuntar una relación de contratos sin especificación alguna sobre ninguna de las cuestiones requeridas, lo que me obligó a registrar una... Ver Más