La Comisión Europea ha decidido aliviar las exigencias al sector del automóvil y flexibilizar los criterios de emisiones que debían conducir, a partir de 2035, al veto a la venta de vehículos de combustión. La medida, adoptada a una década vista de su entrada en vigor, introduce la posibilidad de compensar hasta un 10% del CO₂ emitido por las nuevas flotas mediante reducciones previas a lo largo de la cadena de valor. No es un giro menor y conviene analizarlo sin simplificaciones ni dogmatismos. Detrás de esta decisión se encuentra la presión de varios estados miembros, con Alemania y su potente industria automovilística a la cabeza.