En menos de dos semanas, España ha sido testigo de dos tragedias que obligan a mirar más allá de los titulares y preguntarnos qué está fallando en el trato institucional hacia comunidades racializadas y marginadas, en nombre de 16 de Mayo Juventud Gitana y a través de nuestro departamento de comunicación GitananalMente denunciamos públicamente los hechos ocurridos estas dos semanas en la comunidad magrebí y gitana. El pasado 7 de diciembre en Torremolinos (Málaga) Haitam Mejri, un hombre de 35 años de origen marroquí y padre de familia, murió mientras era reducido por agentes de la Policía Nacional con pistolas táser. La versión oficial sostiene que sufrió una parada cardiorespiratoria durante la intervención policial, tras supuestamente resistirse. Sin embargo, la familia y testigos han cuestionado esa narrativa desde el primer momento. Vídeos difundidos no muestran la agresividad que justificaría ese uso de fuerza, y sus allegados afirman que lo que Haitam quería era simplemente pedir ayuda para cargar su móvil, no cometer un delito. La autopsia preliminar aún no ha esclarecido completamente las causas y faltan grabaciones policiales clave, que siguen sin estar en manos de la familia. Organizaciones de derechos humanos y responsables políticos han señalado que el uso de táser en personas en agitación no es recomendable, según propias advertencias del fabricante, y denunciado que estos dispositivos pueden causar daños serios o incluso la muerte. Unos días después, en A Coruña, la comunidad gitana vive otra indignación. Un hombre identificado como Yoni Barrul, de etnia gitana, falleció tras una intervención policial en la madrugada del martes en la calle de la Merced. Organizaciones como Amnistía Internacional y el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica ha documentado que el racismo estructural influye en prácticas policiales (controles discriminatorios, paradas selectivas) que afectan la vida cotidiana de las personas gitanas y magrebíes. Estos casos no existen en aislamiento. En un país que presume de Estado de Derecho, se está cuestionando si los sistemas de seguridad actúan con la misma prudencia, formación y humanidad cuando el rostro de la persona detenida es migrante o gitano. Y aunque las investigaciones están abiertas, la impunidad histórica y la falta de rendición de cuentas son motivo de indignación. Las comunidades exigen transparencia total, acceso a todas las pruebas y, sobre todo, un cambio profundo en protocolos de actuación que garantice que nadie más muera a manos de aquellos que deberían proteger. Porque si la justicia no es igual para todos, entonces no es justicia. Esto no son casos aislados a lo largo de esta última década se han sucedido muchísimos casos contra las personas gitanas y magrebíes. Casos documentados de muertes bajo custodia o en contextos policiales en los últimos años: Imad Eraffali – joven de 23 años, de origen marroquí, detenido por no tener documentación en regla en enero de 2020. Fue encontrado muerto en una comisaría en Algeciras; la versión policial fue que se suicidó, pero diversas organizaciones han señalado falta de transparencia sobre su muerte. Daniel Jiménez –...