El respaldo de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a Álvaro García Ortiz sigue siendo completo, pese a ya conocer la sentencia del Tribunal Supremo que le inhabilitó por dos años por revelación de datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Así, después de apoyar una campaña para solicitar su indulto, este lunes ha informado de que empieza a recaudar dinero entre sus afiliados para pagar la multa de 7.200 euros que le fue impuesta al exfiscal general del Estado y la indemnización de 10.000 con la que deberá resarcir al empresario Alberto González Amador.