Ocho personas han sido detenidas tras una operación de la Policía Nacional que ha logrado desarticular en Sevilla una organización criminal dedicada al tráfico de personas entre Colombia y España. El entramado captaba a mujeres y hombres en estado de necesidad en su país de origen y les ofrecían un «pack de viaje» para llegar a España, asumiendo por ello una deuda que podía ascender a los 5.000 euros. Los agentes han podido acreditar que al menos 22 personas habrían entrado en España de esta manera. La investigación se inició tras el análisis de la información recabada durante una operación policial desarrollada en el año 2024 contra una red criminal dedicada a la trata de seres humanos. La información reveló la existencia de otra organización criminal perfectamente estructurada, asentada en Sevilla, dedicada al traslado irregular de gran número de ciudadanos colombianos hasta España. Los agentes descubrieron que el entramado criminal operaba tanto en España como en el país de origen de las víctimas. En Colombia contaban con integrantes especializados en la captación de personas en situación de extrema necesidad. Aprovechándose de esa vulnerabilidad, les ofrecían la posibilidad de viajar a nuestro país para desempeñar trabajos vinculados al cuidado de personas dependientes o en el ámbito de la restauración. Para ello la organización ofertaba un «pack de viaje» que incluía el desplazamiento en avión hasta España y la supuesta permanencia en el país, adquiriendo por ello una deuda económica que oscilaba entre los 4.000 y los 5.000 euros. Las víctimas, tanto mujeres como hombres, viajaban haciéndose pasar por turistas y recibían instrucciones precisas para superar los controles fronterizos, así como dinero en efectivo que debían devolver de manera inmediata tras su llegada. Una vez en España, los integrantes de la red actuaban como una agencia de colocación, encargándose de buscar empleos para las víctimas. Los trabajos ofrecidos se centraban en el ámbito del cuidado de personas en la provincia de Sevilla o en el sector de la restauración en la provincia de Cádiz. En este último caso, los explotadores también proporcionaban documentación ajena -de personas regularizadas o vinculadas a la organización- para permitir su alta laboral de manera irregular, la cual se alquilaba por 200 euros al mes. Los titulares reales de la documentación, además, se beneficiaban posteriormente de las prestaciones por desempleo generadas. En los casos en los que las víctimas no podían pagar las cuotas de la deuda contraída, la organización criminal recurría a amenazas directas contra sus familias en Colombia. Varias de ellas se vieron obligadas a cambiar de ciudad y abandonar sus hogares para evitar represalias.