La autopista de peaje AP-9 que recorre Galicia de norte a sur desde A Coruña hasta Vigo no será rescatada por el Estado. Así lo ha vuelto a reiterar el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha repetido que tanto esta autopista como la AP-66, entre Asturias y León, no podrán volver a ser de gestión totalmente pública debido al coste económico que conllevaría. Según sus palabras, "habría que, primero, salvar dificultades jurídicas muy serias y segundo abonar indemnizaciones 'milmillonarias', de muchos miles de millones", al tiempo que ha recordado que, jurídicamente, esos peajes "aún no han sido declarados ilegales". En una entrevista concedida al medio La Nueva España, el titular del ramo ha ofrecido detalles de cómo está la situación de ambas vías. Cabe recordar que el pasado mes de julio la Comisión Europea hizo público un dictamen motivado en el que requería a España respetar las normas de la UE en materia de contratación pública, en particular con respecto a los contratos de concesión. En este sentido, el órgano comunitario recalcaba que las ampliaciones de la concesión de los peajes tendrían que haber seguido un procedimiento de licitación acorde a la normativa de la UE. Ante esto, el Gobierno central elevó alegaciones, y este es el apartado que menciona Puente para subrayar que todavía no son ilegales. El ministro, sobre esto, ha recordado en la entrevista que la Comisión Europea ha expresado una opinión sobre la ilegalidad de la concesión, indicando que en todo caso deberá ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que tenga que pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la concesión. En otras ocasiones Óscar Puente subrayó las enormes dificultades que supone el rescate de estas concesiones calificándolo en esta ocasión como un "tema complejísimo desde el punto de vista jurídico y costosísimo desde el punto de vista económico". En el citado medio el presponsable ministerial se muestra "sorprendido" por el "morro que le echa la Xunta de Galicia y el PP en este tema. Cuando si esa concesión está en vigor es porque el señor Aznar en el año 2000, faltando 23 años para que esa concesión venciera, la amplió por otros 25 hasta 2048". La carta de la Comisión Europea Cabe recordar que la AP-9, de titularidad estatal pero gestionada por una empresa privada, genera polémica desde hace muchos años. En 2003, un año antes de la elecciones generales, José María Aznar dio el visto bueno para concederle una prórroga a la concesionaria que extendía su gestión hasta 2048. Sin embargo en junio de 2024 se supo tras destaparlo Ser Galicia que la Comisión Europa ponía en entredicho la privatización auspiciada por José María Aznar 22 años antes. Esto se conoció al hacerse pública una carta en la que se cuestiona por el comisario de Mercado Interior la prórroga que el Gobierno de Aznar concedió a Audasa (empresa pública en aquel momento), y que es la que permanecerá vigente hasta 2048. El problema es que en...