El Gobierno pacta con Bildu una nueva prórroga de la moratoria de los desahucios por impago del alquiler. La medida, que fue aprobada al principio de la pandemia como parte del escudo social para evitar que familias vulnerables y personas que habían perdido el empleo por las restricciones sanitarias se quedaran sin casa, se extenderá a un séptimo año como así pedían las organizaciones sociales y rechazaban las plataformas de afectados por la okupación . La extensión de la moratoria deja bloqueados entre 30.000 y 60.000 procedimientos de desahucios de inquilinos que han dejado de abonar el arrendamiento a sus caseros. Según lo anunciado por el diputado de Bildu, Oskar Matute , la moratoria de los lanzamientos se prorrogará durante un año más, durante el que quedarán prohibidos los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables y el corte suministros básicos. Además la formación abertzale también ha pactado con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la prórroga del bono social eléctrico, todas ellas medidas que iban a decaer el próximo 31 de diciembre , y que también pedían extender Sumar o Unidas Podemos. El anuncio del acuerdo ha sido un jarro de agua fría para los propietarios. Los primeros en reaccionar han sido la Plataforma de Afectados por la Ocupación e inquiocupación (PAO) , una asociación que lleva años pidiendo la eliminación de la medida, y que ha vuelto a lamentar hoy que la extensión de la moratoria salga adelante cuando «el Gobierno no se ha hecho responsable de las familias vulnerables durante los 6 años de ejecución» como exige el decreto del escudo social. «La falta de vivienda social, así como la falta de dotación presupuestaria vinculada al decreto, hace que las administraciones públicas hayan derivado su responsabilidad de ofrecer recursos habitacionales a familias vulnerables hacia los pequeños tenedores», se quejan desde la PAO, quienes recuerdan que la oferta del mercado del alquiler en España está constituida por un 93,4% de viviendas que pertenecen a familias con una única vivienda en alquiler. «En ningún caso se trata de un mercado en manos de grandes tenedores o fondos de inversión, por lo que la paralización de desahucios y la dejación de funciones del Gobierno volverían a asfixiar a miles de familias que por decreto se ven obligadas a mantener a las familias vulnerables», reflejan desde la asociación en un comunicado. Según el relato de la PAO, que tilda de «fracaso» a la gestión de la vulnerabilidad desde la entrada de la medida en 2020, el decreto ha servido para paralizar desahucios y lanzamientos de familias vulnerables, «pero también de muchas 'falsas vulnerables' que se aprovechan de las lagunas legales». Además, dicen que el gobierno se «escuda» en unas compensaciones a los afectados por la paralización de desahucios «que no llegan». Según la plataforma, el año pasado solo el 7% de los afectados habían recibido esta compensación que es gestionada por las comunidades autónomas.