El juez Santiago Pedraz, que investiga el caso hidrocarburos, ha decidido mover ficha a raíz del informe que el entregó hace unas semanas la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta que el comisionista Víctor de Aldama empleó un millón de euros para comprar voluntades políticas que permitieran a la empresa Villafuel lograr autorización para operar con el combustible. Ha fijado un calendario para finales de enero que incluye la citación como testigos de exaltos cargos de Reyes Maroto en Industria y de Teresa Ribera en Transición Ecológica, entre otros.