La decisión que envió a prisión a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), volvió a tensar la relación entre el presidente Gustavo Petro y la Rama Judicial. Las críticas del mandatario no solo reabrieron el debate sobre los límites del control político frente a las decisiones judiciales, sino que motivaron una respuesta directa de la judicatura, que salió en defensa de la independencia de los jueces y del respeto al Estado de derecho. El pronunciamiento de la Judicatura se dio luego de que Petro, en sus redes sociales, afirmara que no hubo garantías para sus exministros. “Los exministros de Estado Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no tuvieron juez de control de garantías. Para ellos el poder judicial no era juez sino enemigo. Este es el Estado que llaman destripador del progresismo, ya sueñan conformarlo”, escribió Petro. En ese contexto, el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, el magistrado Hermes Darío Lara, cuestionó los señalamientos formulados por el jefe de Estado y advirtió sobre los riesgos institucionales de deslegitimar públicamente las decisiones judiciales. Hizo además un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para que los fallos emitidos por los jueces sean respetados dentro del marco constitucional. “Tal y como le hemos referido con antelación en otros comunicados, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia hace un respetuoso llamado de atención a las autoridades del país y a la comunidad en general para que las decisiones judiciales, tal y como son emitidas por los funcionarios, sean respetadas dentro del Estado de derecho”, señaló el magistrado. Lara también rechazó la idea de que las decisiones judiciales respondan a intereses políticos o a lógicas de confrontación. Subrayó que los procesos penales no se asignan de manera discrecional y que los jueces no actúan bajo criterios de afinidad o enemistad. “ No somos políticos, la rama judicial no tiene ninguna clase de ascendiente político ni jerarquías . Aquí las decisiones las toman los jueces y, desde ese punto de vista, existen los mecanismos de defensa como bien se conocen por los abogados (...) En Colombia, la judicatura, sobre todo los jueces penales, en parte alguna respondemos a ninguna clase de dinámica que tenga que ver con amigo o enemigo, porque los procesos llegan a cada despacho por un reparto aleatorio, no por asignación especial”, afirmó. El presidente de la Corporación recordó que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos claros para controvertir las decisiones judiciales, y que estos deben tramitarse por las vías institucionales previstas en la Constitución y la ley. “De tal manera que también la Constitución y la ley establecen unos marcos de defensa y de ejercicio de los derechos legítimos de las personas que se consideren no deben ser objeto de alguna medida o alguna pena, y esos canales institucionales deben respetarse”, agregó. Finalmente, Lara insistió en la necesidad de que desde el Gobierno y la ciudadanía se mantenga la confianza en el funcionamiento del sistema judicial, al señalar que las decisiones de los jueces hacen parte del ejercicio regular del poder judicial, al igual que las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación en los procesos penales. Puede leer: Así lideraron los exministros de Petro, Bonilla y Velasco, la compra del Congreso con la plata de Ungrd, según la Fiscalía “Hacemos este llamado de atención para que desde la política, desde el gobierno y sobre todo a la comunidad en general, confíe en que las decisiones de nuestros jueces son parte del ejercicio funcional del poder judicial, así como lo hace la Fiscalía General de la Nación al presentar los diferentes aspectos puntuales de acusaciones, imputaciones, etcétera”, concluyó.