Un segundo análisis técnico de la Confederación del Guadalquivir certifica que la batería de extracciones sin licencia es "susceptible" de haber afectado a la masa de agua subterránea, pero "no es posible concretar" que sea "el único causante" porque hay otras fincas vecinas con "intensas explotaciones" La Casa de Alba recibe el permiso oficial para regularizar sus pozos ilegales junto a Doñana y allana así su caso ante el juez Los nueve pozos ilegales que fueron descubiertos en una finca de la Casa de Alba pueden haber causado daños al acuífero del que han estado sacando agua sin licencia, el Aljarafe Sur, pero no se puede asegurar de manera tajante que sean los únicos responsables del deterioro que experimenta esta masa subterránea. Así lo pone de manifiesto un nuevo informe, el segundo, en el que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) analiza a petición del juez el impacto de estas extracciones, y aunque es más crítico que el primero la conclusión es similar, porque ya entonces se concluyó que “no es posible concretar que el único causante” de los problemas sea esta batería de pozos. La CHG es el organismo estatal que concede los derechos de agua, y tiene abiertos dos expedientes sancionadores a Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Alba que gestiona sus tierras) por la vía administrativa, al margen de la causa penal que se sigue por un posible delito contra el medio ambiente. En su estudio, al que ha tenido acceso este periódico, añade que en el caso concurren agravantes, como la reincidencia –han sido sorprendidos ya dos veces en pleno uso– y que cuando ocurrieron los hechos se estaba en alerta por sequía. Además de que la finca utiliza más captaciones de las autorizadas (tienen permiso para sólo dos pozos, uno para regar y otro para uso doméstico, y la Guardia Civil encontró 11 en total), el informe subraya que estas extracciones se han hecho “sin control volumétrico alguno, con una explotación abusiva y con pérdidas de agua en Ia infraestructura de riego”. Todo ello en un acuífero que, aunque formalmente sigue calificado como en buen estado, presenta un “progresivo deterioro” que le ha llevado a “mínimos históricos” en una tendencia descendente desde 2011. No se puede “atribuir a Aljóbar la exclusividad” Además, cada vez tiene más dificultades para recuperarse tras las campañas de riego. De hecho, aunque en 2024 y 2025 ha llovido más que en la década anterior, el nivel piezométrico ha continuado bajando hasta 0,7 metros al año durante el último lustro. Así que a la pregunta del magistrado de si esta extracción de agua con pozos no autorizados ha podido causar daños sustanciales a la calidad del acuífero o perjudicar gravemente su equilibrio natural, “cabe concluir que es susceptible de ello; más si cabe cuando las extracciones se han producido sin control volumétrico alguno y sin conocimiento de su régimen estacional”. ¿Por qué entonces no se concluye de manera rotunda que estas captaciones sin licencia son las responsables de este deterioro? Pues porque a la hacienda en cuestión (Aljóbar, en término del municipio sevillano de Aznalcázar, puerta con puerta con Doñana) se la acusa de un exceso de extracciones, pero junto a ella hay otras fincas con permisos para extraer grandes cantidades de agua. “Queda patente Ia explotación intensiva de recursos subterráneos durante los últimos años” para la explotación con fines agrícolas, pero “no es posible concretar que el único causante haya sido la derivación de aguas en Aljóbar”. Lo que puede certificar la CHG es que “la deriva de los niveles piezométricos en la masa de agua están asociados a las intensas explotaciones agrícolas de la zona” con derechos registrados, “sin que se pueda atribuir a Aljóbar la exclusividad”. Eso sí, se subraya que está más que constatado que la finca tenía “un mayor número de captaciones respecto a las autorizadas” y cuenta con una balsa de almacenamiento de grandes dimensiones, lo que le ha permitido acumular recursos. Toma de declaración a dos guardias civiles Los pozos, según la primera diligencia de la Guardia Civil, estaban ocultos en zonas de difícil localización y tapados con malla verde, lo que dificultaba hasta su detección por satélite. Casi todos tenían más de 30 metros de profundidad, alcanzando uno de ellos los 34,6 metros. Las extracciones, por cierto, tienen ya el aval técnico oficial para su regularización por parte de la propia Confederación del Guadalquivir, un proceso que se inició después de que en 2023 fueran pillados por primera vez en pleno uso. El juez, en paralelo, ha aceptado parcialmente la petición de la defensa de Eurotécnica Agraria de tomar declaración a los agentes de la Guardia Civil que, a solicitud de la Fiscalía, elaboraron un informe que concluía que las captaciones sin licencia habrían causado un daño ambiental que puede ser “irreversible” . Asimismo, cifraba en más de seis millones de euros el perjuicio generado . El magistrado ha fijado el próximo 20 de febrero para esta toma de declaración, que se hará por videoconferencia al estar los dos guardias destinados en Madrid. Ambos son especialistas del Seprona, una licenciada en Ciencias Ambientales y otro doctor en Biología, aunque la defensa pedía también proceder de la misma manera con un cabo mayor que es especialista de la Guardia Civil en protección de la naturaleza.