El Gobierno da marcha atrás con el real decreto que pretendía ampliar el etiquetado accesible y obligar a utilizar el alfabeto braille en productos de consumo, incluidos los alimentarios, una medida que preocupaba al sector de la industria transformadora de pescado por las dificultades técnicas y económicas que, a su juicio, supondría. La decisión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 llega después de que la Comisión Europea avisase que esta regulación, al menos en el punto de la obligatoriedad, estaría en contra del reglamento FIC, la normativa comunitaria sobre Información Alimentaria al Consumidor (Food Information to Consumers).