El colectivo de funcionarios jubilados entre 2021 y 2023 ha intervenido para criticar la normativa, que volverá a votarse en 2026 El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha decidido retirar del orden del día la aprobación del nuevo reglamento de premios de jubilación del personal del Ayuntamiento ante las críticas formuladas por los grupos de la oposición y las reclamaciones de un colectivo de funcionarios jubilados entre 2021 y 2023. Este grupo de extrabajadores ha denunciado durante la sesión una “discriminación injusta”, al haber quedado excluido del reconocimiento económico previsto en la propuesta pese a haber prestado servicio durante décadas a la ciudad. La controversia se ha centrado en la falta de retroactividad del reglamento. Los afectados han sostenido que el premio está recogido en el convenio colectivo vigente y que la Ley 5/2023 de la Función Pública de Andalucía ha ofrecido cobertura legal suficiente para aplicarlo a quienes se han jubilado durante el periodo en el que el abono ha estado suspendido. Asimismo, han señalado que han existido dictámenes del Consejo Consultivo de Andalucía y resoluciones judiciales en otras administraciones que han avalado la retroactividad cuando la norma es favorable al trabajador y no genera perjuicios a terceros. Desde el equipo de gobierno, la concejala de Recursos Humanos, Cintia Bustos, ha defendido que durante el último año se ha intentado encontrar una fórmula para aplicar la retroactividad, aunque los informes de la asesoría jurídica municipal lo han desaconsejado por falta de “seguridad jurídica”. Bustos ha explicado que el objetivo del reglamento ha sido permitir que los jubilados a partir de diciembre de 2023 puedan comenzar a percibir el premio y ha asegurado que el Ayuntamiento acatará cualquier sentencia judicial futura que reconozca el derecho de los anteriores afectados. La oposición ha sido muy crítica con la propuesta. Paula Badanelli, portavoz de Vox, ha acusado al gobierno municipal de falta de “empatía y valentía” y ha reprochado que no se haya mostrado voluntad política para resolver la situación de unos trabajadores que, ha dicho, “se han dejado la piel en esta casa”. Irene Ruiz, por parte de Hacemos Córdoba, ha calificado el reglamento de “injusto, incompleto y socialmente insensible” y ha defendido que han existido argumentos técnicos suficientes para aplicar la retroactividad, al no estar prohibida por la Constitución en el caso de normas favorables. Por su parte, Antonio Hurtado, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha cuestionado la urgencia de aprobar un reglamento que ha dejado fuera a numerosos jubilados y ha recordado que estos premios ya han figurado en el convenio colectivo aprobado definitivamente, reclamando “volver a la cordura política” y buscar una solución consensuada. Finalmente, el equipo de Gobierno del PP, que cuenta con mayoría absoluta, ha decidido retirar el punto y ha anunciado que solicitará un nuevo informe a la Secretaría del Pleno para analizar la documentación y los dictámenes aportados por el colectivo de jubilados. El objetivo es estudiar la posibilidad de incorporar sus reivindicaciones de cara al pleno del próximo mes de enero y alcanzar una regulación que garantice la seguridad jurídica para todas las partes.