La Audiencia Nacional ha condenado al exalcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, a una pena de  4 años y medio de cárcel por delitos de corrupción cometidos mediante adjudicaciones de contratos millonarios por servicios de eficiencia energética a la empresa Cofely a cambio de comisiones y dádivas entre 2012 y 2014 en la denominada trama Púnica. En una sentencia de 611 páginas, la Audiencia ha condenado a penas de prisión no sólo a Juárez, también a los exalcaldes de Móstoles Daniel Ortiz Espejo, Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada, todos del PP; al de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, de un partido independiente, además del socialista José María Fraile, exregidor de Parla. Asimismo, ha impuesto penas de prisión a los hermanos Alejandro y Mario Utrilla, el primero exconcejal de Medio Ambiente de Móstoles y el segundo exdiputado regional del PP y exalcalde de Sevilla La Nueva. La principal condena ha recaído en David Marjaliza, el corruptor de esta trama y antiguo socio de Francisco Granados (exconsejero del gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, quien no ha sido juzgado en esta pieza), y al que le la Audiencia le ha impuesto ocho años y dos meses de prisión. En total, el tribunal ha considerado culpables a 29 de las 37 personas físicas y jurídicas que fueron juzgadas en la pieza 6 del caso Púnica por "prácticas corruptas" para la adjudicación de contratos públicos de eficiencia energética a la empresa Cofely a cambio del pago de sobornos a alcaldes, autoridades y funcionarios de diversos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Se imponen penas de más de seis años de cárcel al entonces director general de Cofely Didier Roger Maurice, al exdirector Comercial Constantino Álvarez o al que fuera director Comercial de Cofely Pedro García Pérez. A la empresa Cofely se le ha impuesto una multa de más de 3,5 millones de euros. En lo que se refiere a Collado Villalba, también se condena a quienes fueran concejales con Juárez,  Alberto Sánchez, un año y seis meses de prisión por fraude, con la consiguiente inhabilitación de siete años, y a otras dos penas de inhabilitación de siete y dos años por prevaricación y revelación de secretos, y una multa de quince meses, con una cuota diaria de 150 euros, como la de Francisco Pintado, como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación, con una pena de siete años de inhabilitación, y dos por un delito continuado de revelación de información reservada. A juicio del tribunal, entre marzo de 2012 y octubre de 2014, los directivos de Cofely y Marjaliza actuaron como una organización criminal con una planificación integral para obtener la adjudicación de contratos de eficiencia energética en ayuntamientos ofreciendo o aceptando acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban. La empresa conseguía datos de consumo y estado de las instalaciones antes de la licitación, pero también participaba en la conformación del expediente administrativo mediante aportación de los elementos esenciales del contrato, como el precio, la fórmula de valoración económica, duración, criterios de valoración, en su propio interés. No sólo eso, sino que en el cálculo del precio se incluían las partidas de 'project' y de auditoría, que eran los dos mecanismos defraudatorios usados para canalizar el pago de las dádivas comprometidas con políticos o funcionarios, de manera que, si este precio ofertado era aceptado como precio de licitación y finalmente se adjudicaba el contrato a Cofely, el contrato llevaría un sobrecoste a cargo del Ayuntamiento. "Esta dinámica se ha repetido, con las variantes propias de cada caso, en la práctica totalidad de los Ayuntamientos afectados, objeto de esta pieza separada", concluye el tribunal. A muchos de los condenados se les aplican las atenuantes de confesión tardía -no es el caso de Juárez, quien siempre ha pedido su absolución negando los hechos imputados-, dilaciones de indebidas y reparación del daño. El tribunal ha admitido que la sentencia se dicta once años después de que se iniciara el caso en junio de 2014, tardanza que atribuye, entre otros déficit estructurales, a "la sobrecarga de macrocausas que padece la Sala Penal de la Audiencia Nacional". Hasta el momento, el principal acusado por el caso Púnica, Francisco Granados, tan sólo ha sido juzgado por una cuestión tangencial a la causa, la relativa a un chivatazo que le dio un guardia civil cuando lo estaban investigando. Tras conocer la sentencia, el PSOE de Collado Villalba ha emitido un comunicado para, en primer lugar, manifestar su "más absoluto repudio a toda clase de corrupción", pero muy especialmente a aquella que atraviesa de lleno a la loclaidad, y en segundo lugar, para exigir explicaciones a la alcaldesa, Mariola Vargas, sobre su relación y vínculos con Juárez, de quien fuera primera teniente de alcalde y número dos en su Gobierno en el momento en que se cometieron los delitos. También piden explicaciones a otros dos concejales del actual Ejecutivo, Adan Martínez y Lourdes Cuesta, "que fueron puestos por el corrupto". "Se acabaron los debates nacionales en los Plenos: el Partido Popular tiene demasiado que aclarar en su propia sede de Collado Villalba como para andarse con tonterías", aseguran los socialistas. Recuerdan también en la nota que fueron los grupos de la oposición los que, en 2014, arrastraron al Partido Popular a personar al Ayuntamiento como acusación particular, "algo que por sí solos no hubieran hecho nunca". "Hoy la justicia nos da la razón", apunta. "Esta sentencia es muy grave: quedan probados los delitos de fraude, cohecho y prevaricación de concejales del Partido Popular en Collado Villalba; se trata del mayor caso de corrupción que ha afectado a Collado Villalba y todavía no hemos oído ni una sola vez pedir perdón a los villalbinos por parte de un Partido Popular que sigue siendo exactamente el mismo que dejó el corrupto Agustín Juárez: quien ha sido mano derecha de un condenado por corrupción por robar dinero de nuestros bolsillos no puede seguir haciendo como si no pasara nada", continúa la nota del PSOE. Y prosigue. "Este corrupto, con una mano despedía a empleados municipales (casi cuarenta en un infame ERE) asegurando que no había dinero, mientras que con la otra mano negociaba mordidas de hasta 600.000 euros del dinero de los villalbinos". Además, critica el PSOE que el PP se desmarque de Juárez como si nunca hubiera pertenecido al partido y exige que se retire inmediatamente cualquier título, placa o recuerdo en el que figure su nombre, como la placa en la Plaza Primero de Mayo del Gorronal. "Después de que los tribunales hayan juzgado al Partido Popular de Collado Villalba, es el momento de que también las urnas les juzguen en las próximas elecciones municipales de 2027", concluye. El Ayuntamiento de Collado Villalba ha emitido también un comunicado en el que valora la sentencia y comienza recordando que se personó como acusación particular en 2014, en un acuerdo aprobado por unanimidad de la Corporación municipal, con el objetivo de defender los intereses de los vecinos del municipio y colaborar activamente con la Justicia, "una decisión que demuestra el compromiso inequívoco del Consistorio con la legalidad, la transparencia y la defensa del interés general", apunta. Reconoce que han sido más de diez años muy duros para Collado Villalba, una etapa larga y compleja que ha supuesto un "profundo desgaste para la vida institucional del municipio y, sobre todo, para sus vecinos". Una década marcada por la incertidumbre, la espera y la carga que conlleva un proceso judicial prolongado, que ha afectado a la imagen y al normal funcionamiento del Ayuntamiento, "y que hace aún más necesario reivindicar hoy la importancia de la responsabilidad, la legalidad y el respeto a la Justicia". Según el Ayuntamiento, "la sentencia deja claro que las responsabilidades son personales y que quienes cometieron irregularidades deberán responder y pagar por las tropelías cometidas, con independencia de cualquier sigla política. La Justicia actúa sobre los hechos y las conductas, y no sobre las organizaciones, reforzando así un principio esencial del Estado de Derecho: nadie está por encima de la ley y cada cual responde de sus actos". Y termina. "El actual equipo de Gobierno municipal ha mantenido siempre una posición firme y clara: estar del lado de la ley, de la Justicia y de los vecinos, respetando las resoluciones judiciales y actuando con responsabilidad institucional".