El SEPRONA de la Guardia Civil de Castellón ha investigado durante el año 2025 a un total de 35 personas por presuntos delitos contra la ordenación del territorio. Las actuaciones se enmarcan en el control que realiza la unidad para garantizar un modelo urbanístico sostenible y equilibrado en la provincia. Las construcciones ilegales se han detectado tanto por denuncias de personas afectadas como de oficio por los propios agentes de la Guardia Civil. Las localidades afectadas por estas construcciones presuntamente ilegales han sido Moncofa, Les Useres, La Pobla Tornesa, Navajas, Onda, Vila-real, Benicàssim, Artana y Castellón de la Plana. Todas ellas están situadas en diversas zonas de la provincia. La normativa prohíbe las obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelo no urbanizable, según el artículo 319 del Código Penal y la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana. Las penas pueden ir de uno a tres años de prisión. En los casos en que las construcciones se realicen en terrenos de especial protección, las penas de prisión ascienden de un año y seis meses a seis años. Desde la Guardia Civil se ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana y la creciente preocupación social por el cuidado medioambiental en la provincia.