El debate sobre el acceso a la vivienda exige rigor, datos y una mirada amplia. Ese es precisamente el enfoque que ha adoptado la Comisión Europea al anunciar, en el marco del Plan Europeo de Vivienda Asequible , su intención de avanzar hacia una regulación común de los alquileres de corta duración que sea proporcional, equilibrada y plenamente respetuosa con el derecho comunitario. El mensaje de Bruselas es inequívoco: las viviendas de uso turístico no deben prohibirse, sino ordenarse. Así lo expresó con claridad el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, al afirmar en el Parlamento Europeo que una prohibición sería « desproporcionada » y «una mala idea». Que estas palabras procedan del máximo responsable europeo en vivienda refuerza su relevancia política y conceptual. Europa reconoce algo que el sector defiende desde hace años: las prohibiciones generalizadas no resuelven los problemas estructurales de vivienda y, además, pueden generar efectos indeseados como la destrucción de actividad económica legal y regulada, desviando la atención del verdadero reto: aumentar la oferta de vivienda residencial y asequible mediante políticas públicas eficaces y sostenidas. Este enfoque contrasta con la estrategia anunciada en Cataluña y, especialmente, en Barcelona , donde se plantea eliminar todas las licencias de viviendas de uso turístico en 2028. Se trata de una medida extrema que ignora más de una década de regulación pionera y amenaza con desmantelar un sector que representa apenas el 1% del parque total de viviendas de la ciudad. Barcelona fue una de las primeras ciudades europeas en regular los apartamentos turísticos. Desde hace más de diez años, el número de licencias se mantiene estable en torno a las 10.000, con un control administrativo estricto y una lucha decidida contra la oferta ilegal . El resultado es un sector ordenado e identificado que no puede ser señalado como causa principal de la crisis de acceso a la vivienda. Los datos apuntan a factores estructurales bien conocidos: escasez de oferta, estancamiento del parque residencial, dificultades para construir vivienda nueva, aumento de la demanda y falta de políticas públicas suficientes. Así lo reconocen tanto el Banco de España como la propia Comisión Europea . Atribuir este problema a las viviendas de uso turístico es simplista y desvía el debate de las soluciones reales. Además, Europa subraya la contribución positiva de los apartamentos turísticos a la economía local, al empleo y a un turismo más sostenible y diversificado. En ciudades como Barcelona , ofrecen una alternativa clave para el turismo familiar, los viajes de negocios y los grandes eventos, dinamizando el comercio local y ayudando a distribuir los flujos turísticos. Europa ha marcado el camino: regulación equilibrada, basada en datos y respetuosa con la actividad económica legal. Corresponde ahora a las administraciones decidir si se alinean con esta visión o persisten en medidas desproporcionadas que ponen en riesgo empleo, actividad económica y el propio modelo de ciudad. Marian Muro es directora general de Apartur