El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este martes, en un pleno extraordinario celebrado en plena Navidad, el nuevo proyecto presupuestario para el año 2026, fruto de un a cuerdo entre el Gobierno local del popular José Luis Sanz y el Grupo de Vox ; para estas nuevas cuentas que suman casi 1.800 millones de euros en su cifra consolidada, o sea uniendo los presupuestos del Consistorio y los de sus organismos y empresas satélite. Al detalle, y como estaba previsto, las nuevas cuentas municipales han sido aprobadas con el apoyo del Gobierno local del PP y de Vox fruto del acuerdo alcanzado entre ambas partes y el voto en contra del PSOE y de Podemos-IU, que habían planteado enmiendas a la totalidad. Y es que la sesión plenaria ha sido celebrada después de que el alcalde y la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, firmasen su segundo pacto, con la incorporación de medidas como una reforma de la zona de bajas emisiones que rige sobre la Cartuja con la prohibición de circulación de los vehículos más contaminantes, los vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores a 2006; para «terminar con la imposición automática de las multas y las restricciones permanentes al tráfico»; o una intensificación de los controles en el empadronamiento, con un «protocolo reforzado de comprobación de residencia de las solicitudes en un plazo máximo de 15 días, incidiendo en aquellos casos de domicilio dudoso mediante instrumentos de inspección». Ambos aspectos, marcados por Vox como condiciones indispensables para su apoyo al nuevo presupuesto y el segundo de ellos dirigido específicamente a los inmigrantes en situación irregular en España, han marcado el debate del pleno; en el que por parte de Podemos e IU, primero Susana Hornillo y después Ismael Sánchez, han avisado de que el Gobierno local del PP y Vox han pergeñado su nuevo pacto a costa de partidas de igualdad, de apoyo al colectivo LGTBI, de cooperación internacional con los países del tercer mundo o de memoria histórica, con caídas de hasta el 86 por ciento. Así, Susana Hornillo e Ismael Sánchez han acusado al Gobierno local del PP de «dependencia política de Vox», algo que a su juicio deriva en «recortes de derechos», como el relativo al empadronamiento y aleja a la ciudad de la lucha contra la desigualdad social. Cristina Peláez, de su lado, ha defendido que gracias al nuevo acuerdo presupuestario entre su grupo y el Ejecutivo local del PP, junto con el anterior, el Ayuntamiento reduce un 75 por ciento su contribución a la cooperación internacional con los países marcados por la pobreza y el subdesarrollo , alegando que es necesario incrementar las partidas para luchar contra la pobreza que arrastra la ciudad al albergar seis de los 15 barrios con menor renta neta media anual por persona de toda España. Ha destacado además la inclusión de 1,17 millones de euros para apoyar la natalidad y el incremento de las partidas para «la cultura con mayúsculas, la de aquí, poniendo en valor las tradiciones» con más fondos para la celebración del Día de San Fernando y el de la Inmaculada Concepción como fiestas mayores de la ciudad. También ha recalcado la necesidad de «luchar contra la inmigración ilegal y descontrolada» con el mencionado refuerzo en l os controles del padrón en el caso de los extranjeros en situación irregular en España. «Son medidas de sentido común», ha defendido. Desde las filas del PSOE, primero la edil Sonia Gaya y posteriormente Antonio Muñoz como portavoz del Grupo han acusado al Gobierno local de «subordinarse» a Vox, avisando de que este pleno no fue celebrado el pasado viernes por «instrucciones de la sede de Vox en Madrid», a la espera de los resultados de las elecciones autonómicas de Extremadura , saldadas con la victoria del PP pero sin mayoría absoluta y el crecimiento de Vox de cinco a once diputados, mientras el PSOE se desplomaba de 28 a 18 escaños. Muñoz ha acusado así al alcalde de «aceptar las condiciones ideológicas» de Vox , defendiendo que el padrón «no es una herramienta policial» y de un posible «incumplimiento» de las regulaciones estatales y europeas que marcan las zonas de bajas emisiones. Para Muñoz, el alcalde se pliega a «la Sevilla arcaica que le dicta Vox». Desde la bancada del Gobierno municipal han defendido de su lado tanto el nuevo acuerdo con Vox, como los nuevos presupuestos, primero Juan Bueno como portavoz y después el propio alcalde, quien ha cerrado el turno de intervenciones acusando al PSOE de no acceder a negociar los presupuestos y formular finalmente una enmienda a la totalidad, para «bloquear la acción de gobierno y paralizar la ciudad». En ese sentido, los populares han negado cualquier merma de derechos, han rechazado además que los presupuestos supongan privatizar servicios señalando incrementos presupuestarios como los de Lipasam y han asegurado que son unas cuentas «equilibradas». Sanz ha destacado que este nuevo presupuesto constituye las cuentas «que Sevilla necesita, con el 41,5 por ciento de las mismas dedicadas a servicios públicos esenciales, un «histórico» presupuesto de 150 millones para Lipasam , 98 millones para Tussam, 97 para la Policía Local incluyendo la convocatoria de cien plazas para cubrir el mismo número de vacantes, aspecto ya previsto para 2025; y 137 millones de euros para las políticas sociales en esta ciudad marcada por las situaciones de exclusión en diferentes barrios desfavorecidos. Así, el alcalde ha defendido el nuevo presupuesto, señalando otras partidas como 49 millones de euros para cultura o 41 para deportes, asegurando que es un proyecto de cuentas susceptible de ser apoyado por todos los partidos. El momento más agrio del pleno ha surgido después de que los socialistas acusasen a Vox de negar la violencia machista, replicando Cristina Peláez con una intervención en la que ha reprochado a la bancada socialistas los casos de supuestos abusos y acoso sexual por parte de dirigentes del PSOE, con especial mención a Paco Salazar, cesado ex alto cargo del PSOE y del Gobierno por denuncias internas de acoso a mujeres.