Castilla-La Mancha cerró el año 2024 con un total de 26 solicitudes de eutanasia , de las que ocho concluyeron en la prestación efectiva de ayuda para morir, según recoge el último Informe Anual sobre la Prestación de Ayuda para Morir publicado por el Ministerio de Sanidad. Estas cifras sitúan a la comunidad dentro del mapa autonómico de aplicación de la ley, vigente desde junio de 2021, y reflejan una implantación todavía limitada pero progresiva del derecho a la eutanasia. Los datos correspondientes a 2024 forman parte de los procesos finalizados durante el año, que incluyen tanto solicitudes presentadas y resueltas en ese ejercicio como algunas iniciadas en años anteriores. En el caso castellanomanchego, l a mayoría de las peticiones no culminaron en la prestación efectiva , ya sea por denegación, revocación voluntaria o fallecimiento del solicitante durante la tramitación. A nivel general, el perfil de las personas que solicitan la eutanasia mantiene una tendencia clara también extrapolable a Castilla-La Mancha: se trata mayoritariamente de personas mayores de 60 años, muchas de ellas en fases avanzadas de enfermedades graves e incurables . Las patologías de base más habituales en este tipo de solicitudes son las enfermedades neurológicas y las oncológicas, que concentran más de seis de cada diez casos. El informe también señala que una parte significativa de los procedimientos corresponde a pacientes con plena capacidad de decisión en el momento de la solicitud , mientras que otros se tramitan a partir de documentos de instrucciones previas, una herramienta que permite dejar constancia anticipada de la voluntad de recibir esta prestación en caso de perder la capacidad de decidir. Desde la entrada en vigor de la ley, la eutanasia ha ido ganando presencia en el sistema sanitario, aunque su aplicación sigue siendo desigual y rodeada de un proceso garantista que implica evaluaciones médicas, jurídicas y éticas. En Castilla-La Mancha, los datos de 2024 muestran que el recurso a esta prestación continúa siendo excepcional , pero integrado ya en la cartera de derechos sanitarios de la comunidad.