La Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado , con la que la Junta de Andalucía llevará los casos de agresiones físicas y verbales contra los docentes a la Fiscalía al calificar como atentado estos episodios de violencia dentro de los centros educativos, entrará en vigor en un plazo de 20 días, esto es, el 12 de enero . El cuerpo de profesores de Andalucía -una plantilla de alrededor de 103.000 efectivos- volverán a las aulas tras las vacaciones de Navidad con esta Ley en vigor. Un texto que, además de abarcar a los centros, se aplicará a las actividades complementarias y extraescolares, así como a cualquier situación en la que un docente puede ser atacado en el ejercicio de su profesión, como puede ser el ciberacoso. Así figura en el decreto publicado este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press. La declaración del profesorado como autoridad pública que impulsa este decreto se traduce en que «su testimonio tendrá presunción de veracidad y contará con el respaldo legal necesario en el ejercicio de sus funciones». La norma de desarrollo de la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado recoge también, en asistencia de los docentes, apoyo especializado a través de la creación de la Unidad de Apoyo al Profesorado en cada provincia y que ejercerán perfiles profesionales especializados. El Gobierno andaluz explicaba hace unos días que «se trata de una herramienta fundamental para garantizar que los colegios e institutos sean entornos de enseñanza seguros y respetuosos». Esa Unidad de Apoyo al Profesorado se encargará de atender e informar al personal docente afectado por situaciones conflictivas; tramitar las solicitudes de asistencia jurídica y psicológica y evaluar el grado de conflictividad para prevenir futuros problemas, entre otras. Este órgano atenderá cada caso de forma individual en función de la problemática que se plantee e informará al docente afectado las acciones concretas que pudieran emprender. La asistencia psicológica se proporciona para ayudar a superar la repercusión de agresiones o situaciones de conflicto en su salud y rendimiento laboral. La Junta sostiene que el propósito principal de esta iniciativa es «reforzar la consideración y el respeto» hacia el personal docente de centros no universitarios en el ejercicio de sus funciones y de esa forma generar «un clima de convivencia y respeto en toda la comunidad educativa». Defiende la Junta de Andalucía que el decreto busca «garantizar la protección y que puedan ejercer su labor con dignidad y seguridad» con la premisa de que un profesorado «reconocido y respaldado» es esencial para el prestigio de la educación. El alumnado y sus representantes legales tienen el deber de respetar su autoridad, las orientaciones del profesorado y colaborar en el cumplimiento de las normas de convivencia. El decreto también regula los procedimientos para solicitar protección jurídica y apoyo psicológico gratuitos en aquellos casos en los que sean necesario. La asistencia jurídica será para quien tenga la condición de personal de la Junta de Andalucía, no así en los casos de los profesionales de los centros concertados, quienes sí disfrutarán de las Unidades de Apoyo. La asistencia jurídica cubre la representación y defensa en juicio, tanto en procedimientos incoados contra el docente como en aquellos promovidos por él en defensa de sus derechos ante amenazas, coacciones o agresiones. El decreto incluye también medidas de impulso de la valoración social de la función docente y en este sentido la Junta prevé hacer campañas informativas y divulgativas en aumento de la consideración, respeto y prestigio del profesorado, visibilizando la importancia social de su tarea. Se establecerán las bases reguladoras de premios y distinciones educativas para reconocer al profesorado que destaque por su labor innovadora, su dedicación o por la mejora de la convivencia en los centros educativos y en los planes de formación del profesorado contemplarán la mejora de la inteligencia y competencias emocionales para reforzar la autoestima y su autoridad pública.