La noticia de la nueva prórroga de la moratoria de desahucios ha caído como un jarro de agua fría sobre los propietarios con inquilinos que no pagan. El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado con Bildu extender la medida hasta 2026, lo que supone el séptimo año consecutivo de una protección que impide desalojar a las familias consideradas vulnerables, una situación que ha generado un enorme disgusto y una sensación de indefensión entre los afectados. Es el caso de Cristina, propietaria de un piso en Gijón que alquiló hace siete años para complementar sus limitados ingresos de 800 euros. Desde hace cinco, sus inquilinos no pagan la renta. La presencia de dos menores en la vivienda impide el desahucio al ser considerados vulnerables, pero la situación es sangrante para la dueña, que relata cómo la familia sí puede permitirse lujos como irse de vacaciones. “Estuvo julio y agosto fuera de casa y fue doce días a París”, lamenta. Al enterarse de la prórroga, su indignación es máxima. “Esto es una barbarie, nos están masacrando por todos los sitios”, ha declarado a COPE. Cristina cree que la medida perjudica tanto a los propietarios como a “las personas que quieran alquilar en un futuro,  gente decente”, a las que se les exigirán muchas más garantías. Una frustración similar comparte Inés, cuyos padres tienen un piso alquilado en Oviedo a una pareja en la treintena que no paga “ni un duro” desde 2023. A pesar de ser “un matrimonio joven y sano”, la ley los considera vulnerables porque ninguno de los dos trabaja. “Si no trabajan a los treinta, cuándo van a hacerlo", se pregunta Inés, completamente indignada. "¿Cuál es el plan del Estado, que los mantengamos toda la vida?”, expresa con impotencia. Para los padres de Inés, el problema no es solo la ausencia de ingresos, sino el gasto constante que generan los inquilinos. “Paga tú todos los días el recibo de la luz de esta gente, paga tú todos los días el recibo de la calefacción”, denuncia. Esta situación, explica, ha llevado a muchos propietarios a “malvender sus propiedades a grandes fondos de inversión”. Silvia, con otro piso ocupado en Gijón, resume el sentir general de los afectados. “Estamos desolados e impotentes ante esta nueva prórroga del real decreto, que nos condena a mantener un año más a estos inquilinos en nuestras casas, pagando incluso suministros”, afirma. Los propietarios denuncian que las administraciones no están haciendo nada para ofrecer la “alternativa habitacional” que exige la propia ley, dejando que todo el peso de la norma recaiga sobre ellos. Mientras tanto, la única esperanza que les queda es que el decreto no sea convalidado. La norma tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno depende del apoyo de Junts, que amenaza con tumbar cualquier iniciativa del Ejecutivo.