La empresa Inland Energy S.A.C. interpuso un proceso de arbitraje contra el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) por el presunto incumplimiento del contrato que garantizaba la dotación de 34 metros cúbicos por segundo de caudal de agua, recurso indispensable para el desarrollo de las centrales hidroeléctricas Lluta y Lluclla, proyectos que inicialmente formaban parte del Proyecto Especial Majes Siguas II.