La Generalitat de Catalunya ha dado un paso decisivo en la lucha contra los efectos del temporal con la actualización del Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat). A partir de ahora, absolutamente todos los municipios catalanes estarán obligados o, como mínimo, recomendados a disponer de un plan de protección municipal contra inundaciones. Esta medida responde a la necesidad de adaptar la estrategia de prevención al nuevo escenario que plantea el cambio climático, que ha agravado el riesgo en todo el territorio. La revisión del plan se ha fundamentado en la idea de que ninguna zona de Cataluña está libre de peligro. "Se ha revisado el riesgo de inundación en todo el territorio y se ha llegado a la conclusión de que ninguna zona queda exenta teniendo en cuenta la nueva situación generada por el cambio climático", explican desde Protección Civil. Hasta la fecha, un 20 % de los municipios, un total de 185, no tenían ninguna obligación ni recomendación al respecto. Para implementar esta nueva directriz, se ha realizado un análisis exhaustivo del riesgo de inundación para cada municipio, considerando múltiples factores como inundaciones fluviales, pluviales, marítimas o las derivadas del rompimiento de una presa. Como resultado, se han establecido cuatro niveles de riesgo: bajo (58 municipios), moderado (233), alto (362) y muy alto (294). La principal consecuencia de esta nueva clasificación es que el número de municipios obligados a tener un plan de actuación específico aumenta significativamente. Con la nueva normativa, los municipios con riesgo alto o muy alto asumen la obligación de contar con un plan homologado, mientras que para el resto se mantiene la recomendación. Esto se traduce en un incremento de las localidades obligadas, que pasan de 521 a 656, lo que representa un salto del 55 % al 69 % del total de municipios catalanes. Por su parte, aquellos con una recomendación pasan de 241 a 291, cubriendo así la totalidad del mapa catalán. Una de las conclusiones más relevantes del nuevo análisis es la expansión geográfica del riesgo. Desde Protección Civil señalan que, si tradicionalmente el peligro se concentraba en el litoral y prelitoral, la experiencia reciente y los nuevos modelos climáticos confirman que "el riesgo se incrementa también hacia el interior y el Pirineo y Prepirineo". Esta expansión ha provocado que municipios de estas zonas vean modificada su categoría de riesgo y, por tanto, sus obligaciones. Las cifras actuales, previas a la entrada en vigor del nuevo Inuncat, ya mostraban una brecha importante entre la obligación y la realidad. En la región del Alt Pirineu i Aran, de 59 municipios obligados, solo 12 tenían un plan vigente. En el área de Barcelona, 111 estaban obligados y solo 49 lo cumplían. La situación se repite en otras zonas como el Camp de Tarragona (29 de 61), la Catalunya Central (45 de 69), las comarcas de Girona (66 de 164), Ponent (41 de 74), el Penedès (14 de 42) y las Terres de l'Ebre (23 de 43). Actualmente, solo el 52 % de los municipios catalanes disponen de un plan de inundaciones aprobado y homologado en los últimos cuatro años. El 48 % restante incluye localidades con planes en trámite, pendientes de revisión o, en el caso más preocupante, un 20 % que nunca han elaborado uno. Este último grupo es el que más inquieta a Protección Civil, especialmente cuando se trata de municipios de tamaño medio o grande. Con la aprobación del nuevo Inuncat por parte del Govern, los municipios que ahora adquieren esta nueva obligación dispondrán de un año para redactar y aprobar su plan. Este Plan de Actuación Municipal (PAM) debe detallar la estructura organizativa y la respuesta de los recursos del ayuntamiento, tanto propios como externos, para hacer frente a una emergencia. La actualización del Inuncat no sólo se centra en las obligaciones municipales, sino también en la propia operativa de emergencias. Según fuentes de Protección Civil, se han "reforzado" elementos clave basándose en las "lecciones aprendidas" en episodios recientes. Entre las mejoras destaca la garantía de una única línea de información cohesionada, un refuerzo de la vigilancia meteorológica y una mejor planificación de la fase de recuperación, especialmente en situaciones que afecten a múltiples municipios simultáneamente. Además, se han fijado por escrito directrices claras para la toma de decisiones críticas, como ordenar un confinamiento o enviar una alerta masiva ES-Alert a los móviles de la población.