Consumur recuerda que las penalizaciones por las cancelaciones de reservas en los restaurantes son legales siempre y cuando se informe adecuadamente al cliente y la cantidad sea proporcional. En una entrevista en COPE Murcia, su presidente, Roberto Barceló, ha señalado que este cobro debe funcionar como un anticipo que se descuente de la factura final, y no como un cargo extra injustificado. Barceló ha recordado que los clientes tienen obligaciones, ya que cancelar una reserva sin previo aviso supone un grave perjuicio económico para el hostelero. Especialmente en fechas señaladas, los restaurantes realizan una previsión de compras para atender la demanda, por lo que una anulación imprevista "supone un coste para él". En este sentido, desde Consumur lanzan un eslogan claro: "el cliente no siempre tiene la razón". La ley actual no es explícita sobre las condiciones de cancelación, pero sí prohíbe las cláusulas abusivas. Ante esta ambigüedad, que no fija ni tiempos ni importes, Consumur considera "prudencial" avisar con 48 horas de antelación para poder solicitar la devolución del anticipo y que la penalización no supere el 10 % por comensal del menú. El presidente de la asociación ha hecho hincapié en que cualquier importe que se pida por adelantado, ya sea como anticipo o fianza, "tiene la obligación por ley de que nos la descuenten de la cuenta final". Barceló también ha aclarado que una cláusula, por muy abusiva que sea, se puede reclamar incluso después de haberla aceptado en la reserva. La principal recomendación para los consumidores es la política preventiva. Es fundamental "enterarnos de qué condiciones nos impone el restaurante para hacer la reserva", preguntando por los importes y los plazos de cancelación. En caso de problema, es importante guardar los tickets y reclamar en las oficinas del consumidor o en la propia asociación.