El Gobierno ha aprobado la prórroga del llamado escudo social, un paquete de medidas que incluye el acuerdo con Bildu para extender un año más la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables. Sin embargo, esta decisión ha generado una fuerte contestación por parte de los propietarios. En 'Herrera en COPE', el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Inquiokupación, Ricardo Bravo, ha asegurado a Sofía Buera que la medida provoca “el efecto contrario al deseado”. Bravo ha denunciado que son las familias trabajadoras quienes están sosteniendo este escudo social, y no las administraciones públicas. "¿Cuántas viviendas disponen las administraciones públicas para ofrecer a estas familias vulnerables? Cero", ha cuestionado, afirmando que se están utilizando "viviendas de terceros" para alojar a estas personas. Según él, esta situación perjudica a pequeños propietarios mientras que los servicios sociales no ejercen sus funciones y los llamados "inquiokupas" se aprovechan del decreto. El portavoz ha ofrecido datos para ilustrar la situación del mercado del alquiler en España. Ha señalado que, aunque no hay cifras oficiales, se estima que podría haber más de 80.000 alquileres impagados, una cifra que ha ido creciendo desde que se aplicó el decreto por primera vez en 2020. Además, ha subrayado que el 93,4% de la vivienda en alquiler en España pertenece a "familias con una única vivienda" y casi la mitad de estos propietarios son "personas jubiladas" que complementan con ello su pensión. La principal consecuencia de esta prórroga, según Bravo, es la "inseguridad jurídica" que se está creando en el mercado del alquiler. Este miedo a que un inquilino, sea o no un "falso vulnerable", deje de pagar provoca que muchos propietarios retiren sus viviendas del mercado. Como resultado, "se ha reducido muchísimo la oferta y han aumentado muchísimo los precios", un fenómeno que coincide con la aplicación del escudo social. Desde la plataforma insisten en que no se oponen a que se ayude a las familias vulnerables, pero creen que es una responsabilidad que debe asumir el Gobierno. "Creemos que es el gobierno quien tiene que hacerse cargo de ellas, ofreciéndoles las viviendas o los recursos económicos que necesiten, no familias trabajadoras", ha sentenciado Bravo. También ha lamentado la falta de diálogo con el Ejecutivo, asegurando que llevan solicitando reuniones con los ministros de Justicia y de Vivienda desde 2020 sin haber recibido jamás una respuesta. Aunque la medida entrará en vigor con su publicación en el BOE, todavía debe pasar por la convalidación en el Congreso. Bravo ha mostrado su incertidumbre, ya que el Gobierno ha incluido esta prórroga en un decreto junto a otras medidas de gran aceptación social. Entre ellas se encuentran la subida de las pensiones o los descuentos en el transporte público, lo que, en su opinión, pone Por ello, la plataforma está pidiendo a los partidos políticos, incluido el Partido Socialista, que las medidas se voten por separado para no "sacrificar" a los propietarios por séptimo año consecutivo. "No aguantamos más esta situación, es totalmente insostenible", ha concluido Ricardo Bravo.