México concluye 2025 con una asignatura pendiente en materia de salud pública y derechos humanos, debido a que el aborto continúa tipificado como delito en el Código Penal Federal y en los 32 códigos penales estatales, pese a los avances judiciales, legislativos y médicos registrados en los últimos años.Para el personal de salud de distintas disciplinas, esta contradicción mantiene un marco de inseguridad jurídica que afecta tanto a pacientes como a quienes brindan atención médica.​La información más reciente muestra un país dividido. De acuerdo con el análisis del mapa nacional difundido por organizaciones de profesionales de la salud, 25 entidades han despenalizado el aborto bajo determinados plazos o causales, mientras que siete estados aún lo criminalizan.Sin embargo, incluso en las entidades donde se permite la interrupción del embarazo, el delito permanece inscrito en los códigos penales, lo que perpetúa un esquema punitivo y una aplicación desigual del derecho a la salud.Actualmente, el aborto es el único servicio de salud en México que sigue regulado desde el ámbito penal y no plenamente desde una lógica sanitaria.Esta situación, advierten especialistas, genera confusión en hospitales y centros de salud, inhibe la actuación médica y refuerza estigmas que impactan directamente en la atención oportuna de emergencias obstétricas.La red Salvemos Miles de Vidas México, integrada por profesionales de la salud de distintos estados del país, señala que la penalización sigue teniendo consecuencias clínicas concretas.Desde servicios de urgencias, consultorios y clínicas comunitarias, reportan la llegada constante de pacientes con complicaciones derivadas de abortos inseguros, así como retrasos en la atención por temor a denuncias o sanciones penales.“Penalizar el aborto no lo impide. Basta con pasar un día en urgencias para ver cómo siguen llegando personas con complicaciones por abortos inseguros. Lo único que pedimos a las y los legisladores es que respeten los derechos humanos.“El derecho a la salud es un derecho humano”, afirmó Sandra Karina Gaspar Martínez, ginecobstetra que ejerce en la Ciudad de México y el Estado de México.Análisis territorial evidencia geografía desigual de derechosMientras algunas entidades han avanzado en marcos legales que permiten la interrupción del embarazo hasta ciertas semanas de gestación, otras mantienen esquemas restrictivos que obligan a mujeres y personas gestantes a desplazarse cientos de kilómetros para acceder a un servicio médico.Esta desigualdad se profundiza en contextos de pobreza, zonas rurales y entre niñas y adolescentes. La penalización también tiene un efecto inhibidor en el personal de salud.“Dicen que penalizar el aborto protege a las mujeres porque evita riesgos. Eso es totalmente falso. La penalización desincentiva la atención postaborto por miedo a la criminalización y empuja a muchas personas a buscar opciones fuera del sistema de salud que pueden ser inseguras. Además, genera temor entre el personal médico.“El aborto es un servicio de salud, no un delito”, sostuvo Joselyn Rivera Vilchis, médica general y psicoterapeuta, radicada en León, Guanajuato, entidad donde en junio y diciembre de 2025 fueron rechazadas iniciativas para despenalizar el aborto voluntario.La evidencia internacional respalda estas afirmaciones. La Organización Mundial de la Salud ha documentado que la criminalización no reduce la incidencia del aborto, pero sí incrementa la morbilidad y mortalidad materna, además de limitar la capacitación del personal y la provisión de servicios seguros, oportunos y libres de estigmas.En el ámbito jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido desde 2021 que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional.En 2023, el máximo tribunal ordenó eliminar el delito del Código Penal Federal y armonizar las legislaciones estatales.A pesar de ello, la permanencia del tipo penal en los códigos locales mantiene un escenario de ambigüedad legal que impacta la práctica médica cotidiana.“El acceso al aborto seguro debe ser una realidad para quien lo necesite, sin importar dónde se encuentre. Ninguna niña, mujer o persona gestante debería depender de su código postal ni de su situación económica para acceder a un procedimiento de salud de forma segura”, señaló Guadalupe Monserrat Cárdenas Cruz, psicóloga que ejerce en Michoacán.Desde Morelos, Blanca Estela Kempis Robles, cirujana y partera especializada en salud sexual, advirtió que las decisiones legislativas tienen efectos directos en la vida y la salud de las personas.“Estamos hablando de generar salud para todas las personas. Quienes formamos parte del sistema de salud necesitamos certeza jurídica para hacer nuestro trabajo y velar por la salud de cada paciente”, afirmó.Ante este panorama, Salvemos Miles de Vidas México llamó a que 2026 marque un punto de inflexión.La red exhortó al Congreso de la Unión y a los congresos estatales a eliminar de manera definitiva el aborto de los códigos penales y a cumplir plenamente con los criterios establecidos por la Suprema Corte.A su juicio, solo así México podrá transitar hacia un modelo de salud pública que garantice atención médica segura, equitativa y libre de discriminación para todas las personas.LP