La eventual rebaja de pena a Milena Edith Vallarino Morales no es un caso cualquiera dentro del sistema penitenciario. Se trata de la esposa de un exministro de Desarrollo Social que integró el mismo gobierno en el que José Raúl Mulino fue ministro. No es una detenida preventiva ni una víctima de persecución política: fue condenada, mediante sentencia firme, por enriquecimiento injustificado. El contexto agrava la decisión presidencial. Al momento de su captura —cuando se encontraba prófuga— Vallarino estaba acompañada de su hijo, a quien se le incautaron $87 mil en efectivo que no pudo justificar. Ese hecho, documentado judicialmente, refuerza la gravedad del caso y la persistencia de patrones que la justicia ya sancionó. La Constitución faculta al presidente para conceder indultos y rebajas de pena, pero esa atribución no es moralmente neutra. Más aún cuando el propio mandatario ha insistido en la necesidad de coordinación entre los órganos del Estado, incluidos los jueces, para fortalecer la justicia y la seguridad ciudadana. Resulta inevitable preguntarse qué mensaje se envía cuando, mientras algunos jueces imponen trabajo comunitario a pandilleros en nombre de la reinserción, al presidente le corresponde decidir si alivia la condena de una persona sentenciada por corrupción. La ciudadanía no puede ignorar los precedentes. La salida de Ricardo Martinelli Berrocal hacia Colombia dejó instalada la percepción de un poder que se coordina mejor con sus antiguos aliados que con la exigencia de justicia. En ese escenario, cada rebaja de pena no solo libera a una persona: pone a prueba la coherencia del Estado de derecho.