El diputado del Frente Amplio Diego Ibáñez , senador electo por Valparaíso, calificó este jueves como una "utilización no democrática" la amenaza de acusación constitucional levantada por la UDI contra el ministro de Hacienda y militante de su partido, Nicolás Grau , por la polémica norma que el Gobierno busca ingresar al Congreso para establecer nuevas exigencias al despido de funcionarios públicos a contrata. "La UDI propone una Acusación Constitucional por presentar un proyecto de ley, eso es francamente una utilización no democrática del instrumento de Acusación" , escribió en una publicación en X. Ibáñez cuestionó la coherencia de los gremialistas, señalando que la propuesta legislativa del Ejecutivo "es menos restrictiva para las jefaturas que una votada a favor en la Comisión de Trabajo por los propios diputados de la UDI y de Chile Vamos". "Es difícil tomarse en serio la declaración del Pdte. UDI. Si no le gusta la ley, pues vote en contra. La derecha ha presentado 9 Acusaciones Constitucionales y todas rechazadas", agregó. La UDI propone una Acusación Constitucional por presentar un proyecto de ley, eso es francamente una utilización no democrática del instrumento de Acusación. Menos si la propuesta de ley es menos restrictiva para las jefaturas que una votada a favor en la Comisión de Trabajo por… https://t.co/h94RKONVgu — Diego Ibáñez (@diego_ibanezc) December 25, 2025 La controversia escaló luego de que diputados de la UDI, encabezados por el timonel gremialista, Guillermo Ramírez , notificaran que iniciarán el juicio político en marzo si el Gobierno no retira la norma sobre funcionarios a contrata de la Ley de Reajuste del Sector Público. Para la bancada, esta medida representa una "ley inmoral de amarre" destinada a convertir al Ministerio de Hacienda en una agencia de empleos para operadores políticos antes del cambio de mando. Los parlamentarios opositores enfatizaron que no permitirán la creación de cargos "vitalicios" para partidarios del actual Gobierno, advirtiendo que buscarán los votos de toda la oposición, incluido el PDG, para inhabilitar a Grau del ejercicio de cargos públicos por cinco años. Mientras tanto, desde el Ejecutivo han descartado tajantemente las acusaciones de corrupción o "amarres", defendiendo la legalidad y necesidad de la norma en el marco de la discusión del Presupuesto anual.