En España, la contratación de un detective privado está estrictamente regulada y sólo puede llevarse a cabo bajo determinadas circunstancias que requieran una investigación legítima dentro del marco legal. Aunque muchas personas imaginan a los detectives como figuras de película, en la realidad su trabajo se centra en asuntos civiles o particulares, siempre respetando un ámbito y unos límites claros.