Un presidente no se mide solo por lo que proclama, sino por la correspondencia entre su mensaje y las decisiones que adopta. Hoy tiene en sus manos una solicitud de rebaja de pena cuya resolución pondrá a prueba esa coherencia. Cuando la retórica promete rectitud, pero las determinaciones generan dudas, la confianza pública se resiente. En un país marcado por la impunidad, la congruencia es un bien escaso. La prerrogativa constitucional para conceder beneficios existe, pero su aplicación demanda cautela, sobre todo si involucra a personas vinculadas al entorno político. El problema trasciende lo jurídico: se instala la sospecha de trato diferenciado. Ninguna relación personal puede pesar más que una sentencia ejecutoriada. La condenada Milena Vallarino Morales no puede situarse por encima de quien carece de apellido, influencia o acceso. La igualdad ante la ley no admite jerarquías. A esta discusión debe sumarse el papel de los órganos de control. El Ministerio Público no puede refugiarse en el mutismo. Frente a decisiones que despiertan cuestionamientos razonables, corresponde fijar posición, explicarse ante la ciudadanía o, al menos, remitir observaciones al Ministerio de Gobierno. Callar comunica.