La Audiencia Nacional comparte el criterio del Ministerio del Interior y no ve razones para otorgar el derecho de asilo o la protección subsidiaria a un venezolano que solicitó la condición de refugiado en España —hizo el trámite en Ourense—, tras salir desde su país de origen a Ecuador, donde se asentó con su familia, y marcharse tres años después a España tras sufrir xenofobia, afirmó.