El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, ha lanzado una seria advertencia sobre la situación crítica y de alto riesgo para la seguridad ciudadana en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La organización denuncia lo que califica como una “nefasta gestión” de la comisaría provincial y una “alarmante falta de efectivos” en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, la unidad que constituye la primera respuesta policial ante cualquier emergencia. Esta situación, según el sindicato, amenaza con dejar desprotegida a la población en un momento especialmente delicado. El detonante de esta denuncia ha sido un documento reciente del comisario provincial de Santa Cruz de Tenerife. En este documento se ordena el traslado de numerosos efectivos policiales que actualmente vigilan las calles, para garantizar la apertura de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la ciudad, que se encuentra actualmente vacío. Alejandro Navarro, secretario regional de JUPOL en Canarias,  ha sido contundente al describir la maniobra: "Se va a quitar funcionarios que están en seguridad ciudadana prestando servicio a todos los ciudadanos de Santa Cruz, para ponerlos en otra unidad y que presten un servicio totalmente diferente". Esta redistribución de personal se produce en un contexto de carencia de efectivos que el sindicato califica de “alarmante”. Desde JUPOL se subraya que el catálogo de puestos de trabajo de la policía no ha sido actualizado en profundidad desde el año 2008, un periodo en el que la población y, sobre todo, el turismo han crecido exponencialmente. Los datos aportados por Navarro son reveladores. "En 2008 llegaban a Canarias 9 millones de turistas, y la previsión para cerrar 2025 es de 18 millones", ha señalado. A pesar de duplicarse la presión turística, el número de policías sigue siendo el mismo o incluso menor. Esta falta de personal no solo afecta a la seguridad ciudadana, sino también a la investigación criminal o a la lucha contra la ciberdelincuencia, donde no existe un grupo especializado catalogado, sino agentes detraídos de otras unidades para asumir estas nuevas funciones. La decisión de reducir la presencia policial en las calles llega, además, en un momento especialmente sensible. Con España en un nivel 4 de alerta antiterrorista, que según la propia Secretaría de Estado de Seguridad implica un “alto riesgo de que se pueda llegar a cometer un atentado”, y durante festividades religiosas como la Navidad o a las puertas del Carnaval, la presencia uniformada es clave para la disuasión. Desde JUPOL no entienden cómo se puede detraer personal en este contexto. La respuesta ofrecida por la comisaría provincial ante las quejas sindicales ha generado aún más indignación. Según Navarro, la solución propuesta por el comisario provincial es "que se recurra a la policía local o al cuerpo general de la Policía Canaria". Para JUPOL, esta contestación es inaceptable, ya que dichos cuerpos de seguridad también se encuentran con una “carga de trabajo brutal” en estas fechas y tienen sus propias competencias. “Los otros policías ya están con muchísima, muchísima carga de trabajo”, ha afirmado Navarro. El impacto directo de esta medida, según el sindicato, será un aumento drástico en los tiempos de respuesta ante una emergencia. Navarro lo ha ilustrado con un caso práctico: “Es como si de repente ese coche patrulla que tú tienes en tu barrio y que sabes que si llamas al 091 en un ratio medio de como máximo 2 minutos lo vas a tener, ese coche ya no va a asistir”. En su lugar, deberá acudir una patrulla de un barrio colindante, siempre que no esté ocupada. Esto podría aumentar la espera de 2 minutos a más de 7. "Esa diferencia entre 2 a 7 minutos, que son 5 minutos, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte", ha sentenciado el secretario regional de JUPOL, evidenciando la gravedad del riesgo que asumen los ciudadanos y visitantes de la isla. Desde JUPOL se critica duramente la gestión del comisario provincial, a la que tildan de, “cuanto menos, es cuestionable”. Recuerdan episodios anteriores, como el envío de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) a la isla de La Palma para cubrir la Bajada de la Virgen “sin tener alojamiento, sin tener posibilidad de manutención”, donde los agentes tuvieron que alojarse en barracones del ejército y depender de la solidaridad vecinal para comer. Critican el contraste entre esa obligatoriedad y la respuesta actual para la seguridad de Tenerife. Ante esta situación, el sindicato no se ha limitado a la denuncia pública. JUPOL ha remitido un escrito al jefe superior de policía, superior jerárquico del comisario provincial, exponiendo todos los riesgos asociados a esta decisión. El objetivo es que, como “máximo responsable de la Policía Nacional en Canarias”, realice una valoración más cualificada y tome una decisión “más acorde a los requerimientos de seguridad ciudadana que tienen los vecinos y visitantes de Santa Cruz de Tenerife”.