Una de cada cuatro mujeres en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que se traduce en seis millones de afectadas, una cifra que supera en 100.000 a la de los hombres. Esta brecha de género se fundamenta en peores empleos, menores ingresos, una menor protección social y una mayor carga de cuidados. La situación laboral es un factor determinante, ya que tener un empleo apenas reduce este riesgo en un 10%. Las mujeres cobran de media 400 euros menos que los hombres, una disparidad que se proyecta a lo largo de su vida y afecta a sus pensiones, que tendrían que aumentar casi un 50% para lograr una equiparación. El riesgo de pobreza o exclusión social aumenta drásticamente por encima del 50% en los casos de mujeres desempleadas, migrantes o en hogares monomarentales, evidenciando una mayor exposición a la precariedad en estos grupos. Para revertir esta tendencia, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES) ha propuesto un paquete de ocho medidas. Su responsable de investigación, Ruth Caravantes, explica que es necesario "diseñar un sistema público de cuidados" y "dignificar el empleo en sectores feminizados", junto con "abordar las violencias machistas". El plan de choque también contempla una "renta universal para la crianza", la reforma de las pensiones con perspectiva de género y "garantizar la vivienda social pública". Finalmente, Caravantes subraya que es prioritario "asegurar ingresos suficientes" y, de forma destacada, insiste en que "necesitamos avanzar en los derechos de las mujeres migrantes".