El Gobierno, en cumplimiento con la normativa europea, actualiza los datos que tendrán que reportar las administraciones territoriales. Ahora tendrán que calcular los efectos en las arcas públicas de eventos como una DANA o inversiones en empresas privadas El Gobierno arranca los trámites para prorrogar los Presupuestos en 2026 El Ministerio de Hacienda ha actualizado, una década después, la información presupuestaria que tienen que remitir tanto comunidades autónomas como entidades locales (ayuntamientos y diputaciones, fundamentalmente) para cumplir con el nuevo marco de reglas fiscales a escala europea. Y, en plena ola negacionista y con la extrema derecha instalada en el negacionismo climático, los gobiernos regionales y municipales tendrán que reportar al Ejecutivo central cuál es el coste para las cuentas públicas de la emergencia climática y de catástrofes como la DANA que arrasó Valencia en octubre de 2024. El Boletín Oficial del Estado publica este viernes una orden firmada por la vicepresidenta María Jesús Montero en la que se exige a los gobiernos autonómicos y locales que “en la medida de lo posible”, remitan al Gobierno a partir del 1 de enero de 2026 “información referida a pasivos contingentes relacionados con las catástrofes y el clima”, así como de “los costes fiscales incurridos como consecuencia de catástrofes y perturbaciones” vinculadas. Es decir, que los Gobiernos autonómicos y locales tendrán que incorporar en todo el proceso presupuestario -desde la elaboración de las cuentas a la ejecución y liquidación de las mismas- información referida a las posibles deudas contraídas para hacer frente a los efectos de catástrofes vinculadas al cambio climático, así como de los costes para las arcas públicas que supone el calentamiento global. Más datos sobre cambio climático mientras se endurece el negacionismo La orden traslada a los subsectores territoriales de la Administración una obligación que el Gobierno ya hizo suya a finales de noviembre. El Consejo de Ministros del 26 de noviembre aprobó un reglamento en el que incluía la información relativa al cambio climático como fundamental de cara a la elaboración presupuestaria. “Los fenómenos meteorológicos extremos y las catástrofes naturales son una realidad recurrente que el consenso científico prevé que se vea exacerbada, tanto en frecuencia como en intensidad, por el cambio climático antropogénico. Ante este escenario, es previsible que las medidas de mitigación y adaptación tengan un impacto crecientemente significativo para los presupuestos nacionales”, anticipaba el Real Decreto publicado el 3 de diciembre. En la norma, el Gobierno se instaba a publicar “una evaluación de los riesgos macrofiscales derivados del cambio climático e información sobre los pasivos contingentes y costes fiscales relacionados con las catástrofes y el clima”. Es decir, la misma información que ahora reclama a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Pero se produce en un contexto en el que muchos de los gobiernos territoriales, condicionados por los pactos del PP con Vox, están dando la espalda a la evidencia científica y a los efectos, cada vez mayores, del cambio climático. Un ejemplo es el discurso de investidura del nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que hizo suyas las críticas al Pacto Verde Europeo para ganarse el apoyo del partido de extrema derecha. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos también tendrán que evaluar cómo sus políticas y medidas previstas a medio plazo, incluidas reformas e inversiones, pueden afectar a la sostenibilidad a medio y largo plazo de las finanzas públicas, desglosadas por partidas significativas de ingresos y gastos. Así, sobre todo los gobiernos regionales, tendrán que dar cuenta de los efectos de sus cambios en materia tributaria y cómo pueden afectar o no a la estabilidad de las cuentas públicas, en la línea de las obligaciones del Gobierno con Bruselas a través de su Plan Fiscal Estructural de Medio Plazo, el documento clave de las nuevas reglas fiscales. Las comunidades deberán remitir, además, información sobre sus participaciones en el capital social de entidades privadas y públicas “en el caso de sumas económicamente importantes según lo establecido por Eurostat”. Estos datos serán de carácter anual. Remodelación de la Agencia Tributaria El BOE de este viernes también incorpora una modificación de la estructura de la Agencia Tributaria, con un refuerzo de su Departamento de Gestión Tributaria, para hacer frente a cambios normativos como la creación del Impuesto Complementario para las grandes multinacionales.