La pesca gallega afronta un momento decisivo ante las propuestas de reducción de cuotas que amenazan la rentabilidad del sector. La conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Marta Villaverde, ha manifestado su preocupación por un escenario que podría suponer un impacto económico de hasta 65 millones de euros para la comunidad. Las reducciones se centran en tres especies muy significativas para la flota gallega: un 70 % en la xarda, un 40 % en el lirio y un 26 % en el abadejo. Estas cifras, propuestas por el organismo científico que asesora a Bruselas, fueron recibidas con inquietud el pasado septiembre y motivaron la solicitud de informes socioeconómicos a la Universidad de Santiago de Compostela para evaluar sus consecuencias reales. Marta Villaverde ha lamentado que los informes presentados, que advertían del grave impacto económico y social, no fueran tenidos en cuenta por la Comisión Europea. Según la conselleira, el Gobierno central no los utilizó como esperaba para defender los intereses de la flota gallega, al haber concentrado sus esfuerzos "en salvar los días del Mediterráneo". El escenario se ha complicado todavía más después de que países como Noruega, Islandia y las Islas Feroe se hayan vuelto a autoasignar cuotas de manera unilateral, quedándose con cerca del 80 % de la cuota para 2026. Ante esta situación, Villaverde ha instado al ministro a que "en Bruselas se exija la toma de medidas comerciales con estos países" para que, al menos, "lo que pesquen a mayores no sea introducido y no sea comercializado en Europa". La conselleira critica que Europa parece estar poniendo en riesgo su propio modelo de pesca sostenible. Denuncia que en la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca "de las tres patas que tiene la sostenibilidad, la medioambiental, la económica y la social, el sesgo medioambientalista está muy presente". Esta visión, asegura, lleva a la UE a autoexigirse requisitos muy estrictos mientras se permite que flotas de terceros países pesquen "por encima de las recomendaciones de los organismos científicos". Además de la lucha por las cuotas, el sector pesquero gallego enfrenta el desafío del relevo generacional. Villaverde reconoce que es un problema en todo el sector primario, pero destaca el papel de la inmigración de países con tradición marinera para compensar la falta de jóvenes. Desde la consellería se impulsan ayudas para la compra del primer buque, se financia la formación a bordo y se trabaja para "volver a poner en valor las profesiones del mar". En el ámbito económico, la Xunta sigue reclamando una rebaja del IVA del pescado del 10 % actual, una medida que consideran clave para incentivar el consumo. Como prueba, Villaverde ha destacado el éxito de la iniciativa pionera del bono pescado, que movilizó 11 millones de euros con cerca de 150.000 usuarios y más de 700 establecimientos adheridos. Debido a los datos favorables, y aunque sin confirmarlo oficialmente, la conselleira ha abierto la puerta a una nueva edición del bono. Al ser preguntada directamente, ha afirmado con una sonrisa: "No lo desmiento. Lo más probable es que este año volvamos a quitarlo". De cara al futuro inmediato, la mayor preocupación es la revisión de la Política Pesquera Común (PPC) que se iniciará en 2026. Villaverde ha subrayado la importancia de que la Comisión Europea "entienda que las regiones pesqueras como Galicia tienen que tener voz". Asimismo, ha alertado sobre la propuesta de un nuevo marco financiero plurianual que "ponga en riesgo la financiación de todos los retos que tiene que asumir el sector", como la descarbonización.