Paradores de Turismo de España asegura que ya no dispone de documentación sobre la estancia del exministro de Transportes José Luis Ábalos en el Parador de Teruel los días 15 y 16 de septiembre de 2020, al haber sido «ampliamente superado el plazo legalmente previsto de conservación» de los datos de registro de viajeros. Así figura en una resolución denegatoria a una pregunta a través del Portal de Transparencia, donde Paradores responde que la normativa vigente determina «la obligación de conservación de los datos de registro de viajeros por un periodo de tres años a contar desde la finalización del servicio», por lo que no conserva información de ninguna habitación del establecimiento en las fechas consultadas. En esta contestación recogida por Servimedia, la compañía hotelera cita la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, «sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos», así como el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, que regulan las obligaciones de registro documental de las personas que ejercen actividades de hospedaje. Paradores señala que, «habiendo tenido lugar la estancia objeto de consulta en septiembre de 2020», la empresa «no dispone de la concreta documentación solicitada para ninguna de las habitaciones del Parador de Teruel en las fechas consultadas», al haberse superado el plazo de tres años de conservación de datos . El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ratifica que José Luis Ábalos se alojó en el Parador de Teruel los días 15 y 16 de septiembre de 2020, coincidiendo con su visita oficial a las obras del corredor ferroviario Teruel-Valencia en plena postpandemia con limitaciones de movilidad. Los investigadores del Instituto Armado recogen que Koldo García pagó billetes de tren por 490,25 euros para «encuentros privados» o «encuentros personales» de Ábalos, facilitando el desplazamiento de mujeres a Teruel . Esta estancia provocó quejas por destrozos en habitaciones y la introducción de prostitutas , según testigos y fuentes del Parador. Pilar Alegría, entonces delegada del Gobierno en Aragón y exministra de Educación, se hospedó esa misma noche en el Parador con colaboradores y negó cualquier irregularidad, afirmando que no percibió «la fiesta». El director del establecimiento describió la estancia de Ábalos como «normal» y rechazó las informaciones sobre destrozos o prostitutas. Los detalles de la estancia descubiertos por la Guardia Civil se aportarán en una «carpeta diferenciada en oficio aparte» por afectar a la vida íntima de Ábalos, vinculando los pagos de Koldo a episodios controvertidos como este del Parador. El juez ha clasificado estas conversaciones como «información sensible» dentro de la investigación del 'caso Koldo'. La UCO rastrea movimientos financieros no justificados en efectivo durante esa fecha. Fuentes reservadas aluden a una furgoneta con mujeres contratadas y pagos en billetes de 500 euros, aunque el informe se centra en la acreditación de la estancia y los pagos realizados por el entorno del exministro. En su respuesta al Portal de Transparencia, Paradores precisa que «desconoce las actividades que los clientes puedan llevar a cabo , en la intimidad, con ocasión de la utilización de los servicios de alojamiento prestados en cualquiera de sus establecimientos», así como «la filiación política de las personas que se alojan». La empresa pública asegura que «siendo inexistentes los daños o desperfectos consultados, no se formalizó denuncia alguna , ni han tenido que ser satisfechos tales gastos inexistentes», y añade que «cumplió en todo momento fiel y rigurosamente» con las medidas de prevención dictadas durante la crisis sanitaria del covid-19. La solicitud de información preguntaba, entre otras cuestiones, si «hubo una orgía en el Parador de Teruel en septiembre de 2020», cuántas personas estuvieron en la habitación, si se denunciaron destrozos y si dirigentes socialistas como Óscar López o Pilar Alegría conocían lo sucedido y lo ocultaron . Paradores acordó «conceder acceso parcial a la información» en lo que compete a la sociedad, de acuerdo con la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y precisó que la documentación generada por la estancia de cualquier cliente se limita a «reserva, contrato de hospedaje y factura» . La resolución de la empresa pública es recurrible ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, sin perjuicio de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24 de la Ley de Transparencia en el plazo de un mes ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.