El uso de armas blancas para la comisión de delitos de extrema violencia sigue abriéndose paso en Madrid, con el riesgo que eso supone para policías y ciudadanos, sin que la Delegación del Gobierno o la Jefatura Superior de Policía hayan sido capaces, hasta la fecha, de diseñar y ejecutar un plan que ataje esos delitos y ponga pie en pared frente a una lacra que soportan los profesionales de la seguridad pública y, singularmente, los vecinos de la capital. El último exponente de este reto frente al que ambas instituciones se muestran incapaces de encontrar solución ha sido la muerte de tres personas -dos de ellas, de 17 y 63 años, en Madrid; otra más, de 54, en Leganés- en las últimas horas y en incidentes en los que el agresor ha empleado armas blancas. Pero por si eso no fuera suficiente, esta misma mañana, la Policía ha intervenido en el distrito madrileño de Carabanchel para reducir a un varón que retenía y amenazaba a su madre con dos cuchillos, siendo detenido por atentado contra agente de la autoridad y quebrantamiento de medida cautelar. Esos cuatro incidentes en cuarenta y ocho horas demuestran que la violencia mediante el uso de armas blancas se ha convertido en un fenómeno que, lejos de encontrar una respuesta firme y contundente de las instituciones, sigue avanzando y dejando tras de sí heridos y muertos. La Confederación Española de Policía viene advirtiendo desde hace tiempo que nos encontramos ante un reto en plena expansión y que exige mucha más implicación de la Delegación del Gobierno y la Jefatura Superior. Porque los datos, lejos de cualquier valoración, acreditan que este problema debe ser una prioridad. Así, en 2024 se alcanzó un nivel récord de sanciones administrativas en la Comunidad de Madrid por portar o usar armas prohibidas -tipificadas en el artículo 36.10 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana- con 4.251 multas. Esta cifra ha sido la mayor en ocho años y supone un aumento de un 60,8% frente a la registrada en 2017 en esta región. Pero, además, representa el 14,1% del total de infracciones de este tipo conocidas en España el año pasado. Como ya se ha venido denunciando desde CEP, este tipo de delincuencia violenta mantiene una tendencia al alza que constituye un grave riesgo para la seguridad de policías y ciudadanos. Así, hasta septiembre de este año los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias en la Comunidad de Madrid aumentaron un 9,9% respecto al mismo periodo de 2024. Pero es que en la ciudad de Madrid, esa violencia callejera sufrió un incremento del 16,1%, de tal forma que la media mensual de reyertas supera las 150. En ambos casos, región y capital, ese empeoramiento de la seguridad fue claramente superior al experimentado a nivel nacional, en donde hubo un 7,5% más de ese tipo de delitos. Esta lacra no es coyuntural. Al contrario, como viene alertando CEP, se ha convertido en una preocupante...