Un mes después del primer y único comunicado oficial de Astilleros Cardama por la situación del contrato de las dos patrulleras para Uruguay, el astillero ha activado las acciones legales contra el país sudamericano. Si en aquel texto avisaba que de continuar así la situación se reservaba «el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan», ahora la empresa viguesa ha dado finalmente el paso. Representantes legales de Cardama convocaron al Gobierno a una conciliación, una fórmula que supone la fase inicial antes de la demanda civil ante una más que probable falta de acuerdo dadas las continuas manifestaciones públicas realizadas por el presidente Yamandú Orsi y su equipo. Mientras, Cardama continúa con el contrato: ya ha colocado la quilla de la segunda unidad, validada por la clasificadora Lloyd's Register.