El 15 de agosto de 2010, Yolanda Pérez Cruz y su esposo Pablo López Alavez, junto con su nieto —en ese tiempo de cinco años—, fueron al Río Vírgen, en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, cerca de su comunidad, San Isidro Aloapam, localizada en la misma entidad. Buscaban arena para su uso; "ahí donde estamos hay mucho lodo", explicó Yolanda a MILENIO.Cuando llegaron al río, Pablo bajó de su vehículo, fue en ese momento queYolandavio una camioneta "como a una distancia de 100 metros", por lo que le dijo a su esposo que volviera y se orillara para dejarla pasar. Enseguida, la camioneta avanzó hasta donde ellos se encontraban. "Llegó del lado de Pablo, muy pegada".Entonces, Yolanda vio a "15 personas, aproximadamente, encapuchadas, vestidas de negro y armadas", las cuales rodearon su camioneta. "Pablo alcanzó a meter seguro, yo no pude, unos empezaron a golpear la puerta, le pusieron un arma en el cuello y en la costilla, pusieron como tres armas en mi cuerpo para que no me moviera"."Abrieron la puerta y lo jalaron; con todo y mi nietecito, lo lastimaron. Se lo llevaron en la camioneta (a Pablo). Me jalaron y me tiraron al suelo. Entró uno en la camioneta de nosotros, y la llevaron unos kilometros y la dejaron ahí, y nos dejaron en el río", narró.Yolanda y Pablo son miembros de un pueblo indígena zapoteca, campesinos y defensores de la tierra y territorio en su comunidad, en la Sierra Norte de Ixtlán. "Desde nuestros abuelos, veníamos defendiendo lo que es la naturaleza", contó Yolanda.Señaló que había rumores, previó a la captura de Pablo en el río, de que podían matarlo o secuestrarlo por su labor como defensor del medio ambiente, en particular por la denuncia que hacía de la tala ilegal de los bosques de Oaxaca. "Él dijo: yo no estoy haciendo nada; tengo que luchar para mis bienes, para mi familia, y siguió luchando".Ante la situación, Yolanda pidió ayuda al Consejo Indígena Popular de Oaxaca, al cual pertenecía Pablo. Le dieron un abogado, dijo, quien empezó con su búsqueda. Dos días después, encontraron a Pablo recluido en el Reclusorio Villa de Elta, Oaxaca, acusado de homicidio calificado, a pesar de que sus captores nunca se identificaron como miembros de alguna autoridad ni mostraron una orden de aprehensión en su contra.A partir de ahí, comenzó la lucha de Yolanda para obtener la liberación de su esposo. "Tuve que exigir justicia a pesar de que no sabía hablar español, yo no sabía como cruzar las calles, yo no conocía la ciudad". Fue entonces que el panorama empeoró, "empezaron a amenazar al abogado, con un anónimo en su buzón, y a la organización (Consejo Indígena Popular de Oaxaca)".Tiempo después, Yolanda y sus hijos también recibieronamenazas por teléfono y personalmente."Decían que si no dejo de hablar, me van a secuestrar, me van a matar. Tuve unos animalitos, empezaron de noche, mataron a un torito que tenía, robaron a mis borreguitos, envenenaron a mi perrito", contó. Así, ante la inseguridad latente, Yolanda y sus hijos se vieron forzados a abandonar su comunidad, su casa y su familia.En este contexto, el proceso de Pablo continuó;lo sentenciaron a 30 años de prisión, condena que fue desestimada en 2017 por irregularidades, por lo que reinició el proceso penal, con él en retención. No obstante, la liberación no llegó, el 6 de marzo de 2025, Pablo fue condenado nuevamente a los mismos años de prisión.Condenas a personas defensoras indígenas, una constanteYa en diciembre de 2024, la relatora especial de la ONU, Mary Lawlor, había manifestado su preocupación por la detención arbitraria de personas indígenas defensoras de derechos humanos en México, así como de la imposición de altas condenas hacia ellas.“Me alarma que numerosos defensores indígenas de los derechos humanos no sólo hayan sido criminalizados por sus actividades pacíficas y legítimas, sino que además hayan sido sometidos a penas de prisión muy largas o a detención preventiva prolongada, con la aparente intención de impedirles llevar a cabo su labor en favor de los derechos humanos”.Asimismo, Lawlor señaló casos de personas defensoras indígenas que habían sido condenadas en procesos judiciales, los cuales, apuntó, indicaban violaciones del debido proceso. “Los defensores de derechos humanos parecen haber sido acusados injustamente de delitos como asesinato, en algunos casos incluso cuando no se encontraban en el lugar o zona donde se cometió el delito”.De acuerdo con Sofía Hurtado, coordinadora de protección para las Américas de la organización mundial Frontline Defenders, en 2025, en México, persistió "un patrón de sentencias largas en contra de personas defensoras de tierra y territorio, particularmente de aquellas que defienden los derechos de las comunidades indígenas"."El ejemplo es el de Pablo, a quien, a pesar de que fue desestimado su caso por irregularidades en 2017, se le volvio a hacer la sentencia de 30 años", apuntó a MILENIO.Según el 'Análisis Global 2024/25' de Frontline Defenders, existe"una tendencia particularmente preocupante de criminalización de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas, que trabajan para proteger sus derechos, comunidades y territorios ancestrales, la cual se mantuvo evidente en México, donde estos defensores fueron sometidos a arrestos arbitrarios, largas detenciones preventivas y penas de prisión severas".En ese sentido, Sofía Hurtado enfatizó que esta clase de detenciones no solo tiene un impacto a nivel individual o familiar, sino también "a nivel comunitario y territorial, pues a la comunidad de Pablo no solo le falta un padre, un hermano, también le hace falta un campesino, y eso va resquebrajando todo el tejido social de las comunidades indígenas".Por su parte, Mario Hurtado, asesor político de Espacio OSC, (Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas), coincidió en que "lo que le pasó a Pablo hace 15 años es una tendencia que todavía sigue: el uso del derecho penal para silenciar voces críticas"."Por ejemplo, en este caso, en 2010, hubo un cúmulo de irregularidades: nunca se le permitió (a Pablo) una defensa, traducción, los tiempos, las pruebas, y todo eso ha sido ya documentado", explicó a MILENIO.Mario Hurtado señaló que en 2017 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU hizo un pronunciamento sobre el caso de Pablo, en el que "considera que su detención se dio en condiciones arbitrarias, y le ordena al Estado mexicano liberarlo y dar una indemnización económica; atención a la salud, atención psicológica —que ha ocho años sigue siendo un gran pendiente—, a eso se suman las agresiones que ha tenido que sufrir Yolanda por su defensa".Dicho pronunciamiento se encuentra en la opinión número 23/2017, relativa a Pablo López Alavez, en la que "se llegó a la conclusión de que en el caso ocurrieron importantes violaciones al debido proceso, tales como irregularidades probatorias; falta de precisión, cuidado y congruencia entre las diferentes actividades de recolección de evidencia; incoherencia entre las fechas, horarios y lugares de los supuestos hechos; falta de participación de peritos o expertos requeridos por ley; y retraso excesivo e injustificado en la fase de investigación".De igual forma, en el documento se señaló que "el verdadero motivo de la detención y enjuiciamiento (de Pablo) es su actividad como defensor de los derechos humanos de su comunidad, en materia de derechos ambientales". Sin embargo, a pesar de estas conclusiones, la recomendación no ha sido aceptada, Pablo continúa preso.Protección de personas defensoras, un camino con muchos retosEn cuanto a las amenazas y agresiones que ha sufrido Yolanda al buscar justicia para Pablo, Mario Hurtado expresó que no es el único caso en que las personas defensoras de derechos de las comunidades indígenas"viven con un riesgo latente, el miedo de que en cualquier momento vayan a sus casas, vayan contra sus familiares, amenazas contra las organizaciones civiles que las acompañan, hay una tendencia en contra de quienes reclaman o alzan la voz por justicia, quienes alzan su voz ante un statu quo".De acuerdo con el informe 2024 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en dicho año 77 defensoras y defensores del territorio fueron criminalizados para obstaculizar su labor; de estos casos, 61 se perpetraron contra personas de comunidades, algunos de los cuales "fueron acompañados de otras agresiones, como la difamación, la estigmatización, el uso indebido de la fuerza, el robo, la amenaza y las agresiones físicas".Ante este panorama, Mario Hurtado comentó que, si bien elMecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, "que se creó en el 2012 por exigencia de la sociedad civil", ha logrado salvar vidas, sigue siendo hasta ahora la única respuesta del Estado mexicano para atender esta problemática", y añadió que una de las principales preocupaciones de las asociaciones civiles es "su alto número de inadmisiones".En el último informe estadístico mensual de dicho Mecanismo, con corte hasta el 31 de octubre, se informó que en 2025 se han presentado 128 solicitudes de incorporación, de las cuales solo se han aceptado 32, es decir, no han sido admitidas 96 (75 por ciento). "Ahora, el Mecanismo, en lugar de proteger, las deja fuera (a las personas defensoras de derechos humanos inadmitidas), en un riesgo, en un limbo".De igual forma, el asesor político de espacio Espacio OSC comentó: "una de las exigencias que hemos hecho desde la sociedad civil es fortalecer esa instancia (el Mecanismo), también dotarla de recursos humanos, capacidad técnica, personal, mayor capacidad de coordinación, que haya respeto y voto de la sociedad civil que tiene un consejo consultivo, y a trece años (de su creación) todavía quedan muchos retos"."¿Qué estamos haciendo como sociedad civil? Uno, documentar cada irregularidad, varias medidas (de protección) han fallado. Dos, intentar convencer a instancias que cumplan su labor de protección. Tres, trabajar más con entidades federativas donde hay condiciones y voluntad de avanzar", dijo.En ese sentido, de acuerdo con un comunicado de Espacio OSC, emitido el 8 de diciembre, durante 2025, "particularmente entre agosto y noviembre, personas defensoras y periodistas beneficiarias (del Mecanismo) han reportado fallas en la implementación y la suspensión de medidas esenciales, especialmente el retiro de vehículos y escoltas asignados. Esta situación ha incrementado de forma inmediata su nivel de riesgo, ha limitado su movilidad para el ejercicio de su labor y ha generado afectaciones emocionales y físicas, como miedo, incertidumbre, taquicardias e insomnio".En relación a esto, Yolanda precisó que cuenta con medidas cautelares de la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca; no obstante, apuntó, "no son suficientes, sigo bajo amenaza"."Eso que dice Yolanda es lo que sufren muchas personas, es decir, no se sienten, incluso con medidas de protección, seguras. Si estas políticas que existen a nivel federal, que es el Mecanismo, o a nivel estatal, la Defensoría, no logran lo básico, que es generar seguridad en la persona, algo se está haciendo mal", aseveró Mario Hurtado.Así, para Yolanda la inseguridad continúa al acecho en su vida por su labor. Han pasado 15 años desde la captura de Pedro en el río. Sus hijos han crecido. "Me preocupo de que tengan una vida y hagan una familia", expresó. "Tengo miedo, a veces de noche no duermo, a ver quién viene, lo que significa eso para mí... Sí, es una vida muy triste, que estoy viviendo. A pesar de eso, sigo firme y fuerte, voy a seguir adelante, no voy a dar un paso atrás, hasta que Pablo regrese", finalizó.IYC