Los 214,7 kilómetros del trazado de la AP-9 desde Ferrol hasta la puerta del vecino portugués son, además de fuente habitual de polémicas por las tarifas y la concatenación de prórrogas a la concesión, una frontera artificial de las dos Galicias. La fachada atlántica frente al área de interior, separadas por diferentes climas, geografías, número de habitantes y también velocidades muy desiguales en el crecimiento económico. En el plan estratégico de la comunidad con horizonte 2030, la propia Xunta identifica ese enorme desequilibrio entre las principales debilidades para lograr la cohesión territorial. Pesa el alto grado de dispersión poblacional, la baja densidad de población en zonas donde a menudo se dan los mayores índices de envejecimiento. Ahí se localizan también las menores rentas por habitante porque la actividad mengua a medida que desciende el grado de urbanización. El diagnóstico de la administración asume la existencia de una «visión mayoritaria» de que la riqueza va ligada al desarrollo metropolitano «que hace que la gente abandone el rural cuando quiere emprender alguna actividad económica».