La vicepresidenta Francia Márquez se refirió a la crisis desatada por los enfrentamientos entre las disidencias de las extintas Farc y la guerrilla del ELN en la región del Catatumbo, Norte de Santander, en hechos que –según la Defensoría del Pueblo –, dejan hasta ahora 250 víctimas de desplazamiento. Según la funcionaria, se requieren “medidas reales y efectivas” para prevenir esta situación. Por ello, hizo un llamado a las autoridades competentes y a la comunidad internacional para que se brinde a poyo humanitario “inmediato” y atención integral a las familias afectadas. “Mi clamor es por el respeto a la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades en el Catatumbo. Es urgente que se garanticen condiciones de seguridad que permitan el retorno y la permanencia de las personas en sus tierras y el ejercicio pleno de sus derechos”, manifestó Márquez. De acuerdo con la vicepresidenta, la paz y la justicia social en el Catatumbo solo serán posibles “con respeto, protección y presencia institucional que responda a las necesidades reales de su gente y estamos comprometidos como Gobierno Nacional”. Según la Defensoría del Pueblo, ante el recrudecimiento del conflicto, varias familias resolvieron desplazarse forzosamente hacia el casco urbano de Tibú, situación que ya habría desbordado la capacidad administrativa del municipio. Los enfrentamientos arrancaron sobre las 3:00 de la madrugada en la vereda Palmeras, en inmediaciones de la vía que conduce al corregimiento de La Gabarra , donde el fuego cruzado dejó a la población civil en medio de las hostilidades y obligó a los habitantes a abandonar sus hogares para salvaguardar sus vidas. La defensora del Pueblo, Iris Marín, instó al ELN y al Frente 33 de las disidencias a “cesar de inmediato los combates” y permitir el ingreso de personal médico para evacuar a los heridos. Mientras las instituciones analizan las medidas de protección , las autoridades locales advirtieron que en las próximas horas podrían llegar más familias desplazadas al casco urbano, dado que la continuidad de las confrontaciones en la zona rural impide el retorno y amenaza a quienes aún permanecen en el territorio. El alcalde de Tibú, Richar Claro, confirmó la gravedad de los hechos y detalló que “anoche algunas familias del sector lograron salir desplazadas hacia el casco urbano”, tras quedar atrapadas en los enfrentamientos, por lo que la administración local procedió de inmediato a caracterizar a los afectados y activar los protocolos de emergencia. Un censo preliminar realizado por las autoridades locales arrojaba un saldo de 60 núcleos familiares desplazados conformados por 187 personas, grupo poblacional dentro del cual se encuentran 69 menores de edad entre los cero y los 17 años. Sin embargo, la recurrencia del conflicto armado en la zona durante el último año desató una crisis financiera en la administración, pues el mandatario local reveló que el municipio ya no cuenta con presupuesto para responder a esta nueva emergencia. “A la fecha ya no contamos con estos recursos, se nos hace bastante complicado poder tener una capacidad para atenderlos, por eso activamos los protocolos, las solicitudes de subsidiariedad a la unión del departamento, a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y al Gobierno Nacional”, explicó Claro a la emisora W Radio.