El transporte público en la Comunitat Valenciana mantiene sus descuentos: viajar será más barato hasta 2026

El Consell ha aprobado la prórroga de las reducciones temporales de tarifas en determinados servicios públicos de transporte de la Generalitat hasta el 30 de junio de 2026. La medida tiene como objetivo seguir facilitando el acceso al transporte público, promover una movilidad sostenible y aliviar el impacto económico sobre la ciudadanía. La prórroga mantiene la gratuidad temporal para la población infantil hasta los 14 años inclusive. Además, se conserva un descuento del 50 % en los títulos destinados a jóvenes y una reducción de al menos el 40 % en los abonos y títulos multiviaje. De este modo, en Valencia se mantiene una tarifa plana de 14,90 euros al mes para que la población joven viaje de manera ilimitada. En Alicante, la tarifa joven de 30 viajes mensuales costará 10,60 euros, y en Castellón, el abono temporal 30 Joven IVAJ tendrá un coste mensual de 12,75 euros. Los títulos gratuitos para personas empadronadas en municipios afectados por la dana de octubre de 2024 seguirán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida forma parte de la estrategia de recuperación de las zonas afectadas, buscando ofrecer beneficios concretos a los vecinos durante el proceso de vuelta a la normalidad. Dentro de esta iniciativa de apoyo, durante este año se han entregado un total de 222.539 tarjetas de transporte gratuito bajo el programa Recuperem València. Con ellas, se han realizado cerca de 19 millones de validaciones en la red de transporte público. Las bonificaciones se aplicarán sobre las tarifas vigentes a 31 de diciembre de 2025. Afectarán a los abonos y títulos multiviaje de sistemas como el TAM de Alicante, el transporte metropolitano de la Plana en Castellón, Metrovalencia y el TRAM d’Alacant. El decreto ley también contempla que, si el Estado aprueba nuevas ayudas al transporte público, los descuentos autonómicos podrán adaptarse para ajustarse a la normativa estatal. Asimismo, el texto regula las indemnizaciones que la Generalitat deberá abonar a los concesionarios de los servicios por la aplicación de estas medidas.