Condenados, pero libres. Doce meses después de que la justicia fijara penas de cárcel para Rodrigo Rato y Eduardo Zaplana, ambos exdirigentes del PP continúan sin pasar un solo día en prisión. La razón no está en una absolución ni en un indulto, sino en la parálisis del Tribunal Supremo, que mantiene bloqueada la ejecución de las sentencias. La situación resulta especialmente llamativa si se atiende a la gravedad de los delitos probados y a la dureza de las penas impuestas por los tribunales de instancia. En ambos casos, las audiencias provinciales correspondientes dictaron resoluciones extensas y detalladas, con hechos probados que acreditan conductas de corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Sin embargo, más de un año después, esas condenas siguen sin producir efectos reales sobre la libertad de los condenados. En el caso de Rodrigo Rato, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia el 20 de diciembre de 2024 tras un procedimiento que se prolongó durante más de nueve años. El fallo condenó al exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI a cuatro años, nueve meses y un día de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal impuso multas que superan los dos millones de euros y la obligación de abonar más de medio millón a la Agencia Tributaria. La sentencia, de alrededor de 1.200 folios, fue notificada a las partes, pero desde entonces permanece pendiente de ratificación por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que debe resolver el recurso de casación presentado por la defensa. Hasta que ese trámite no se complete, la condena no es firme y, por tanto, no puede ejecutarse. El resultado práctico es que Rato continúa en libertad pese a haber sido condenado por delitos graves contra el erario público. La situación se repite, con penas aún más elevadas, en el caso de Eduardo Zaplana. El expresidente de la Generalitat Valenciana fue condenado el 15 de octubre de 2024 a diez años y cinco meses de prisión por el denominado caso Erial, en el que el tribunal declaró probado que cobró comisiones millonarias por la adjudicación de estaciones de ITV en la Comunidad Valenciana y ocultó esos fondos mediante una compleja red de sociedades en España y en el extranjero. A la pena de cárcel se suman casi dieciocho años de inhabilitación para empleo o cargo público, tres años de inhabilitación profesional y multas que superan los 25 millones de euros. A diferencia del procedimiento de Rato, en el de Zaplana la sentencia fue recurrida de forma inmediata, lo que impide que alcance firmeza hasta que el Supremo se pronuncie. No obstante, la consecuencia es la misma: más de un año después de conocerse la condena, el exdirigente popular sigue en libertad y el texto íntegro de la sentencia, de 364 páginas, ni siquiera se ha hecho público. Un Supremo rápido para unos, lento para otros...