La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha lanzado un mensaje especialmente duro contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, a raíz de los últimos acontecimientos relacionados con el desalojo de personas migrantes de un edificio municipal. En una declaración pública de alto voltaje político y jurídico, la asociación expresa su "profunda preocupación" por lo que considera una escalada de discursos y actuaciones que, bajo la coartada del orden, la seguridad o la legalidad, están fomentando la deshumanización de personas en situación de extrema vulnerabilidad. Aunque el comunicado no menciona de forma reiterada el nombre del regidor popular, el destinatario del mensaje es inequívoco. La UPF sitúa el foco en Badalona y en la actuación del Ayuntamiento gobernado por el PP, tras un desalojo que dejó a varias personas migrantes "sin alternativa habitacional, expuestas al frío y a la estigmatización pública". Para los fiscales, lo ocurrido no puede despacharse como un incidente puntual, sino que responde a una forma de hacer política que normaliza la exclusión y convierte el abandono institucional en una opción aceptable. "No estamos ante un debate de seguridad, sino de humanidad y legalidad democrática", subraya la asociación en uno de los pasajes más contundentes del texto. Con esta afirmación, la UPF desmonta el marco discursivo en el que el alcalde de Badalona ha tratado de situar el conflicto, basado en el endurecimiento del mensaje contra las personas migrantes. A juicio de los fiscales, utilizar el miedo, el señalamiento de colectivos vulnerables o la confrontación social desde una posición de poder institucional no solo resulta irresponsable, sino profundamente incompatible con un Estado social y democrático de Derecho. La Fiscalía como garante frente al abuso institucional Uno de los aspectos más graves que destaca el comunicado es el incumplimiento de resoluciones judiciales que obligan a garantizar atención social a personas en situación de desamparo. La UPF advierte de que no es aceptable que responsables públicos utilicen su cargo para eludir mandatos judiciales o para cuestionar la actuación de la Fiscalía cuando esta interviene en defensa de los derechos fundamentales. El mensaje, en este punto, apunta directamente a la estrategia de confrontación desplegada desde el Ayuntamiento de Badalona. "La dignidad humana - sin distinción de origen, situación administrativa o condición social - no es una concesión política", recuerdan los fiscales, que insisten en que se trata de un principio constitucional y un mandato jurídico de obligado cumplimiento. Presentar a las personas migrantes como un problema del que hay que deshacerse, sostienen, no solo vulnera derechos básicos, sino que erosiona los fundamentos mismos del Estado de Derecho y deteriora la cohesión social. En este contexto, la UPF respalda de forma explícita la actuación de la Fiscalía de Barcelona, que ha intervenido para garantizar la protección de las personas afectadas por el desalojo. "Las y los fiscales protegeremos siempre a quienes no tienen voz frente al abuso del poder", afirma la asociación, reivindicando el papel constitucional del Ministerio Público frente a los intentos de desacreditar su labor desde el ámbito político...