Mientras el debate político se concentra en la coyuntura inmediata y en las urgencias del corto plazo, el país enfrenta una bomba de tiempo en los tribunales internacionales. Se trata de un volumen de pasivos judiciales que ronda los USS 30 mil millones, en su mayoría fuera del Presupuesto y prácticamente ausentes del debate público, que podrían comenzar a volverse exigibles a partir de 2026. Los casos más emblemáticos –el juicio por la reestatización de YPF en los tribunales de Nueva York, la causa por la manipulación del PBI y el no pago de los cupones atados al crecimiento económico en Londres– ya cuentan con fallos adversos. Leer más