La pesadilla de cualquier gobierno de Cangas regresa, y lo hace en plenas navidades. Desde el juzgado de Pontevedra que lleva la causa de la infracción urbanística del edificio Noria 4, se vuelve a reclamar al Concello de Cangas que proceda a proponer un plan de actuación y a presentar garantías suficientes para responder al pago de las indemnizaciones que se deban a terceros de buena fe, con la advertencia, otra vez, de multas coercitivas, como ya ocurrió en 2023. En mayo de ese mismo año, el Tribunal Supremo rechazaba el recurso de casación presentado por el Concello de Cangas y lo condenaba a pagar las costas a aquellos que se opusieron al mismo: los hermanos Lovera Núñez. Estas personas son las que abrieron el proceso judicial. La decisión del Supremo obliga a cumplir lo ordenando por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en su auto de 31 de enero de 2022, que requería al Concello, en la persona del alcalde presidente, para que propusiera un plan de actuación en un plazo de dos meses y a presentar las garantías antes mencionadas.