Medios, curas y toga. Han sido las tres vías por las que la derecha ha intentado desgastar al Gobierno de coalición y acelerar la recuperación de un poder político en manos del progresismo desde 2018. La publicidad institucional a medios afines, la actividad judicial bajo términos dudosos y hasta la entrada en escena del Clero han sido las bazas que se han jugado desde el conservadurismo para mellar a un Ejecutivo que, no tanto por estas presiones sino por otros reveses parlamentarios e internos, aqueja actualmente una difícil situación que pone en entredicho la gobernabilidad y abre el debate para un posible adelanto electoral en 2026. Pero todo suma, claro, y tampoco puede negarse el efecto político, mediático y social que estas artimañas han tenido sobre el gabinete que lidera Pedro Sánchez. La vía mediática En primer lugar, la publicidad institucional. Son muchos los medios escorados a la derecha que reciben cientos de miles de euros de las administraciones que rige el Partido Popular, como The Objective, Estado de Alarma (EDATV) o el grupo Libertad Digital de Federico Jiménez Losantos. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid destina en campañas publicitarias una gran cantidad de dinero a The Objective, concretamente 93.170 euros en 2023 (se desconoce la de 2024), una cantidad muy superior a la percibida por periódicos con mayor audiencia. Este mismo medio publicó, el 7 de abril del pasado curso, un bulo incluido en la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez que aceptó el juez Peinado, en el que aseguraba que la mujer del presidente ocultaba una subvención, pero que resultó que correspondía a otra María Begoña Gómez Fernández (apellidos comunes) y la justicia obligó a rectificar. Las vías judicial y mediática se entrelazan constantemente. Por otro lado, también se hizo público, por medio de El Salto, que el PP pagó 680.000 euros de dinero público a EDATV, el canal que catapultó a la fama a Vito Quiles Javier Negre y Bertrand Ndongo. En concreto, 172 contratos públicos entre 2021 y 2022, con entidades dependientes de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, la Xunta de Galicia de Alberto Núñez Feijóo, la Junta de Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco y la Diputación de Almería del recién detenido por corrupción Javier Aureliano García. Cuatro feudos del Partido Popular alineados para financiar con dinero público una web de noticias y un canal de Youtube de extrema derecha sin apenas visitas ni repercusión en aquel momento. Este verano, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de la Gobernanza Democrática de los Servicios Digitales y de Ordenación de los Medios de Comunicación, norma con la que el Gobierno de coalición buscaba exigir una mayor transparencia sobre la propiedad y financiación de los medios de comunicación. "Consiste en reforzar los derechos digitales y nuestra Democracia", sostenía el ministro de Transformación Digital, Óscar López, al explicar la norma. La vía judicial La financiación a medios de comunicación de derecha y extrema derecha para que mellen la confianza ciudadana en...