El atasco que vive la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está haciendo que los juicios por presuntos delitos de corrupción se estén fijando para 2027, lo que supone que no se celebren hasta años después de concluida la instrucción; ello implica que, en caso de condena, haya prácticamente que aplicar siempre la atenuante de dilaciones indebidas con la consiguiente rebaja de la pena a imponer.