Cocer un crustáceo cuando aun está vivo es algo que no le extraña a nadie, lo hemos visto en nuestras casas, en las grandes celebraciones navideñas, lo vemos en un restaurante, en el mercado cuando compramos cangrejos que aun mueven sus pinzas, antenas y patas. Los hay que sienten pena, entre ellos muchos niños con ese sentimiento tan puro de la empatía infantil hacia los animales que potenciaron más todavía películas como 'Bambi'. Es un sentimiento legítimo, uno no puede ignorar que está introduciendo un ser vivo en una olla con agua hirviendo, un ser al que, irremediablemente se le asesina abrasado, "cocido en vida". Aun así, lo hacemos y lo disfrutamos. Se sabe que el cangrejo y la langosta están más sabrosos y tienen mejor pinta si se les cocina vivos, no es un secreto. Se sabe también que, al cocinarse de esa manera, se evita la intoxicación alimentaria que pueden producir las bacterias que aparecen casi instantáneamente en los crustáceos muertos. Igual que el cochinillo o el cordero que nos comemos al horno, apenas tenía unos días cuando le mataron para que lo degustemos con toda su ternura. "Ay, qué pena da... Bueno, ¿quién lo trocea?". Porque nuestra empatía animal llega hasta cierto punto, sabemos que no son personas, les ponemos en otro lugar muy diferente, imposible comparar el dolor humano con el animal. Está bien hacer esa distinción, de hecho debemos dejarla muy clara. Los hay, de todas formas, muy sensibles con el mundo animal, los hay que no comen nada que provenga de un ser vivo que camine, nade o vuele, una decisión completamente respetable. Pero las cosas empiezan a torcerse cuando, esa empatía hacia el animal, lleva a ciertos políticos, ávidos de la aprobación de ciertos sectores y lobbys, se ponen a legislar con más ímpetu contra la "violencia" animal que contra la violencia hacia la vida humana. Es lo que ha ocurrido en Reino Unido, un país conocido por ser "pionero", si se puede decir así, de la despenalización del aborto, pero que va a prohibir cocer vivos a los crustáceos porque "los crustáceos decápodos vivos y conscientes se introducen en agua hirviendo, sufren varios minutos de dolor extremo antes de morir". Si la afirmación es cierta o no, es otro debate, si esos minutos de dolor compensa asumirlos a cambio de que los hosteleros puedan ofrecer un mejor producto, tampoco incumbe ahora. En cambio, el orden de prioridades de la legislación británica es, como poco, sorprendente. Contra eso, Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, ha querido señalar la hipocresía de un país que hace un debate nacional sobre el sufrimiento momentáneo de un crustáceo, pero que celebra y se empodera, al mismo tiempo, por la práctica de cientos de miles de abortos al año. "R. U. (Reino Unido) prohibirá cocer vivos a cangrejos y gambas para reducir el sufrimiento animal. Solo en Inglaterra y Gales hubo 250.000 abortos en 2022; en 2025 se ha ampliado la despenalización. Estos inocentes son el chivo expiatorio de una civilización que entroniza el poder autónomo." Así reza el tweet del sacerdote que añade esa cifra de 250.000 abortos, tan solo en dos de las cuatro naciones que componen el Reino Unido, durante el año 2022. Fue precisamente ese año en el que, tras un debate abierto dos años antes, la legislación británica reconoció a los crustáceos y a los cefalópodos (sí, también los pulpos) como "seres sintientes". Mientras la protección a los animales, más allá incluso de los mamíferos, crece desde la legislación, los países avanzan a su vez en la desprotección del feto. Entre asociaciones animalistas que buscan defender los derechos animales, proliferan también asociaciones que quieren asegurar el "derecho" de las mujeres a practicar un aborto contra el niño que llevan dentro. Si bien en España no existe una prohibición similar, hay organizaciones que ya comienzan a alzar la voz contra este tipo de prácticas, fundamentales en algunos platos de nuestra gastronomía, como el gallego pulpo a feira, que todavía se hace cociendo el pulpo en vida en muchas partes de Galicia y del resto de España. Eso en un país en el que los más de 100.000 abortos que se realizan cada año, amenazan con crecer todavía más ante una despenalización galopante.