“Hago este vídeo ya a modo de desesperación, porque no sé cómo vamos a acabar”. Así comienza el relato de Mandy, una madre de Barcelona que ha compartido su angustia en redes sociales. Tras cinco años viviendo de alquiler en el mismo piso, su contrato finaliza el 28 de febrero. Hace solo una semana, sus caseros le comunicaron que quieren vender la propiedad, por lo que ella, su marido y su hija de tres años deben abandonar la vivienda. A pesar de contar con dos contratos fijos y unos ingresos conjuntos que rozan los 3.000 euros, encontrar un nuevo hogar se ha convertido en una misión imposible. Inmediatamente después de recibir la noticia, Mandy comenzó una búsqueda frenética, pero chocó con la dura realidad del mercado barcelonés. “Me encuentro con que en Barcelona no hay pisos por menos de 1.300 euros”, lamenta. La familia tiene un presupuesto límite de 1.200 euros para poder cubrir el resto de sus gastos básicos. “Si quiero seguir comiendo algo que no sea arroz y pasta, más de 1.200 no puedo pagar”, explica. A pesar de ser inquilinos ejemplares, con un aval y una carta de recomendación de sus actuales caseros que acredita que no han fallado “ni un día en el pago” en cinco años, la oferta es prácticamente inexistente. El principal obstáculo, según relata, es la escasez de viviendas disponibles y el recelo de propietarios e inmobiliarias. “El problema es que no hay pisos, y nos enfrentamos también a que las inmobiliarias o los propietarios tienen miedo de las familias con hijos por miedo a la ocupación”, señala. Esta situación les ha cerrado las puertas de la mayoría de las opciones, ya que muchos anuncios exigen ingresos mínimos superiores a los 3.600 euros, sin aceptar avales como garantía. Ante la falta de alternativas, Mandy acudió a los Servicios Sociales del Besòs, donde la respuesta fue desalentadora. Según su testimonio, le comunicaron que “ellos no se encargan de esto y que no saben qué tipo de ayuda puedo buscar”. La conversación derivó en un escenario que la dejó helada. Al preguntar qué pasaría si acababa en la calle con su hija, la respuesta fue: “Bueno, entonces, si acabáis en la calle, en ese caso sí intervendría servicios sociales para el bienestar de la niña”. Mandy interpreta estas palabras con pavor: “Lo que me viene a decir es que no me ayudan a que yo acabe en la calle con mi hija, pero si acabo en la calle con mi hija, me quitan a la niña”. Tampoco ha encontrado apoyo en la oficina de vivienda de Barcelona, donde le han denegado la ayuda por no ser considerada una familia en riesgo de exclusión social al tener ambos progenitores un empleo. La opción de comprar una vivienda también está fuera de su alcance. Aunque tienen ahorros para la entrada, una deuda generada por una tarjeta ‘revolving’ le impide acceder a una hipoteca. Mandy explica que recurrió a ella tras una sanción laboral ilegal que la dejó sin ingresos. Ahora, esa decisión le ha supuesto entrar en un fichero de morosos y enfrentarse a una lista de espera de dos años en los juzgados de Barcelona para poder reclamar. La familia ha centrado su búsqueda en los barrios del distrito de Sant Martí, como Bac de Roda, La Pau o La Sagrera, para evitar que su hija, que acaba de empezar el parvulario, tenga que cambiar de colegio a mitad de curso. “Hemos pagado material, excursiones, AMPA… no dejan ni siquiera que la niña termine un curso, me parece bastante cruel”, lamenta Mandy. Su petición es clara y directa, un ruego a cualquiera que pueda ayudarles: “Lo único que queremos es un techo donde meter la cabeza y que nuestra hija tenga una mínima estabilidad”.