Más de 4.200 defensores públicos no han recibido el pago de sus honorarios. Así lo afirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en una publicación en X en la que lamentó el retraso en los pagos a los contratistas y, al mismo tiempo, explicó que el Ministerio de Hacienda, encargado de girar los recursos para estas obligaciones, no envió el dinero de manera oportuna. Lea: Del dicho al hecho: 5 temas en los que Petro se ha traicionado a sí mismo como Presidente Este trino fue una respuesta a la alerta publicada por el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, que en esta misma red social llamó la atención a la Defensoría por el incumplimiento en el pago de los honorarios de los defensores públicos. Ante esto, Marín explicó que “agotamos todas las posibilidades que estuvieron a nuestro alcance para lograr que el MinHacienda pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos nuestros contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas. Sin embargo, no tuvimos los recursos para el pago oportuno, a pesar de haber realizado todos los procesos de planeación y las actuaciones que correspondían a la Defensoría”. En días anteriores, en redes sociales circuló un video de Marín dirigido a los contratistas de su entidad, en el que explicó el retraso en el pago. Allí mencionó que, mediante una comunicación, el Ministerio les informó que no contaría con los recursos necesarios para realizar los giros de todos los contratos de prestación de servicios correspondientes al mes de diciembre. Estaba previsto que este dinero se pagara antes de las festividades, como lo explicó la misma defensora en la grabación y en su trino. Marín también relató que intentó comunicarse en varias ocasiones con el ministro Germán Ávila para insistir en el pago y advertir sobre las consecuencias que este retraso tiene para la Defensoría y sus funcionarios. Es por medio del Programa Anual de Caja (PAC) que la Dirección del Tesoro Nacional se encarga de distribuir el presupuesto disponible entre todas las entidades ejecutoras para cumplir con los compromisos de cada una, entre ellos los pagos. Justamente, el 18 de diciembre se filtró un correo enviado por el PAC en el que se informó a varias entidades públicas que los pagos correspondientes a las cuentas de cobro de los contratistas del mes de noviembre se realizarían con cargo al presupuesto de diciembre, mientras que las obligaciones de diciembre serían canceladas en enero. “Las prestaciones de servicios (...) que queden pendientes de la vigencia 2025 se pagarán en enero, una vez su entidad realice las gestiones correspondientes en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación”, puede leerse en el correo que desató una polémica a la que el Ministerio respondió que el mensaje había sido malinterpretado, pues corresponde a la dinámica normal de los pagos, que siempre se realizan mes vencido. Sin embargo, la caja del Gobierno quedó apretada en los últimos días del año. El 5 de diciembre cayó a 1,4 billones de pesos, el nivel más bajo del que se tenga registro en la historia reciente. Una de las medidas para intentar subsanar los números rojos ha sido controlar el PAC, dejando sin saldar algunas de las obligaciones pendientes de este año y trasladando su pago al presupuesto de 2026. Siga leyendo: Caja del Gobierno Petro en rojo: la Nación se queda sin plata al cierre del año, pero hay $25 billones sin ejecutar